Es notorio que desde el fin de las políticas proteccionistas en México, la apertura de sus mercados y el retiro del Estado de la conducción de la economía, las organizaciones campesinas han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas. Esta debilidad se debe tanto a la disminución de la participación del campesinado en el PIB agropecuario, como a su debilitamiento social frente a la población urbana que representa hoy la enorme mayoría de la población nacional. Es por esta doble situación que el Estado abandonó, en las últimas décadas del siglo pasado, la ideología agrarista que fue el sostén del régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional y rompió su tradicional alianza con el campesinado. Esto provocó importantes reacomodos entre las organizaciones sociales, el Ejecutivo y los partidos políticos. En este trabajo analizamos algunos rasgos de la actual relación de las organizaciones campesinas con la esfera pública en el contexto del nuevo régimen político en vigor.