De la mano y como directa consecuencia de lo que algunos han llamado la “emergencia
indígena”, desde fines de la década de 1980 y en particular en los años noventa, las cuestiones del
interés de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes han ingresado plenamente
en las agendas políticas de los Estados de la región, y han sido y están siendo objeto de políticas
públicas específicas.
Desde aquellos años, en casi la totalidad de los países de la región se han aprobado y
puesto en vigencia instrumentos legales de distinta jerarquía que, junto con establecer diversas
formas de reconocimiento de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y de los derechos que
les serían consustanciales, también han ido dando lugar, en varios países, a cambios en el ámbito
de la institucionalidad del Estado. Esto último se ha ido expresando en la creación de agencias
estatales especializadas a las que se ha entregado la gestión, coordinación y ejecución de las
políticas dirigidas a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y en la definición y puesta en
plaza de políticas de diverso alcance y contenido, que les han estado especial y específicamente
consagradas. Más recientemente empiezan también a explorarse modalidades y procedimientos
que permitan una mayor pertinencia cultural de las políticas y programas estatales de acceso
universal.