Desde la década de 1990, las administraciones de Bogotá han destinado cuantiosos recursos
a la universalización de la educación básica y secundaria y al mejoramiento de la calidad de
la educación oficial. Tanto las políticas de cultura ciudadana como las megabibliotecas, la
alimentación y los refrigerios escolares, la ampliación de la cobertura y la gratuidad de la
educación, han generado visibles progresos en la ciudad; pero a la vez han tenido un fuerte
impacto en el ejercicio de la docencia en los colegios oficiales. A esto se suman los
cambios en la legislación educativa (Ley 115 de 1994) y la expedición de un nuevo
Estatuto Docente, el cual ha generado tensiones entre los docentes antiguos y los nuevos.