Este artículo examina políticas públicas basadas en la idea de que las situaciones en áreas de marginación social amenazan la seguridad de todos los otros residentes urbanos. Utilizando evidencias de Río de Janeiro, San Pablo y Salvador, las tres mayores ciudades de Brasil, donde el planteamiento de la mano dura goza con frecuencia de apoyo popular y donde la significativa reducción de la pobreza y la desigualdad social no han reducido el crimen y la violencia, el análisis demuestra las contraproducentes consecuencias de simples políticas de represión, especialmente en el contexto del modelo de desarrollo urbano neoliberal basado en la “acumulación por desposesión” y en la privatización del poder público que actúa en contra del éxito de la reforma policial. El artículo explora los modos en que, a pesar de nuevos compromisos para lograr justicia social, el estado sigue siendo parte del problema junto con las implicaciones de las diferencias en la organización de tráfico de drogas y las formas alternativas de “pacificación” que ofrece “la ley del crimen”. Criticando una política securitaria que prioriza una guerra teatral contra la delincuencia que criminaliza la pobreza y la adicción a las drogas, el texto defiende la democratización de la producción de políticas públicas de seguridad, que entienda qué tipo de seguridad prioriza la gente pobre, tales como la seguridad contra el desalojo, y dedique más recursos públicos a mejorar la carrera policial.