La Ley 789 de 2002 define el sistema de protección social colombiano como un conjunto de acciones
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de la población. En
particular, esta ley se propone garantizar los derechos a la salud, pensión y trabajo. Por lo tanto, el
sistema de protección social está estructurado alrededor de los siguientes componentes: i) el Sistema
General de Seguridad Social Integral, que gestiona acciones en el área de salud, pensiones y cuidados
par los adultos mayores; ii) el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, coordinado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); iii) el Sistema de Protección Laboral; iv) el Sistema de
Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y v) el Sistema de
Compensación Familiar orientado a mejorar las condiciones de vida de los afiliados a cajas de
compensación de bajos ingresos.
Desde 2001 el Sistema Social de Riesgo, un sistema adicional, empezó a operar. Estaba
inicialmente diseñado como un fondo transitorio para financiar programas sociales implementados en
los periodos de bajo crecimiento económico, pero que todavía no ha sido puesto en marcha. Además,
el sistema de protección social incluye otros componentes: el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, así como el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada,
(SNAIPD), creado mediante la Ley 387 de 1997.