En 1991 Colombia aprueba una nueva Constitución Política. La negociación entre intereses
económicos e intereses sociales, que configura este nuevo acuerdo social, permite al
mercado incursionar en los servicios públicos que antes eran competencia exclusiva del
Estado y, a cambio, se garantizan a los ciudadanos mediante la reforma, derechos
fundamentales y no fundamentales, asegurados mediante un procedimiento breve
establecido para exigir su cumplimiento ante la justicia, denominado la acción de tutela.
Según la Constitución de 1991, la Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social”. A continuación el artículo constitucional señala que el Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad
Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley:
“La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley”.