Colombia es el segundo país después de Brasil con mayor número de población afrodescendiente en América
Latina. Al igual que en el resto de región, la población afrocolombiana presenta una mayor vulnerabilidad
sociodemográfica, peores condiciones de vida y una limitada participación en los mercados de bienes y servicios
(véase Urrea y Viáfara, 2007; Urrea y Viáfara, 2008; Garavito, Alfonso y Cavelier, 2009; Viáfara, Urrea y Correa,
2009; Viáfara, Vivas, Urrea y Castro, 2009). Estas características corrientemente se han asociado con un cuadro
de pobreza, el cual es un resultado normal en el proceso de estratificación social (ver Blau y Duncan, 1967).
No obstante, también es loable plantear la existencia de factores institucionales que determinan esos resultados
para la población afrodescendiente en Colombia y en América Latina. En este sentido, ya es un lugar común
señalar que América Latina es la región más desigual del mundo; lo cual podría generar efectos negativos, en
especial para las minorías étnico-raciales, para la acumulación de capital (físico y humano), dotación en
infraestructura y acceso al capital financiero, que suelen ser menores para los más pobres en presencia de
instituciones de desigualdad de larga duración (Engerman y Sokoloff, 1994). Sin embargo, la desigual podría
inducir a trampas de desigualdad y de pobreza cuando se sustenta en la discriminación racial, étnica u otra.
(Birdsall, 2006; The World Bank, 2005).