Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el
país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado
social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se
estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios
fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron
plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos
que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de
promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido
mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de
sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden
ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses
particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y
promulgación.