dia básica entre 1970 y 1976 ejemplifica en forma excepcionalmente clara las posibilidades y las limitaciones de una política de reforma educativa modernizadora, como la intentada por el régimen Echeverría a partir de 1970. A primera vista, este nivel educativo presentaba una situación favorable para que el régimen pudiera implementar una acción sistemática de reforma. En primer lugar, la secundaria no tiene la magnitud abrumadora de la enseñanza primaria y, por estar destinada de hecho a una población esencialmente urbana, no plantea las dificultades que surgen de una demanda dispersa y culturalmente heterogénea. En segundo lugar, el Estado tiene una posición administrativa favorable, pues en 1970 controlaba el 52% de la población escolar a través de la SEP, mientras el 18% dependía de los gobiernos estatales. El resto del nivel, bajo el control de los particulares, está legalmente sujeto a regulación académica por parte del Estado, que además puede ejercer algunos controles administrativos a través del procedimiento de la incorporación. Esta posibilidad de operar una política en forma directa no se le presentará al Estado en los niveles escolares más avanzados, en donde el peso de la enseñanza privada no controlable y de instituciones públicas autónomas es mucho mayor.