Las personas en condición de discapacidad físico-motriz están protegidas por diferentes instrumentos jurídicos,
tanto nacionales como internacionales. En el mandato de la Carta Política de 1991 (art 13) se consagra
la especial protección que el Estado debe brindar de manera integral a las personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta por su condición física. Se halla el fundamento de mayor peso para ello en
los instrumentos jurídicos nacionales, complementados a su vez, por los internacionales que podrían hacer
parte de la legislación nacional por medio del llamado “bloque de constitucionalidad”, lo cual incluye tratados
internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que la igualdad es uno de ellos (derecho
humano fundamental). Por ello se hace necesario verificar si realmente se está cumpliendo con esa protección
en relación con el acceso a la educación básica, media y superior de las personas con discapacidad físico-motriz.