La administración de Vicente Fox ha desarrollado una política de vinculación muy intensa con la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos en diversos frentes. Esto ha sido expresión no sólo del creciente peso social y político de este sector de la población mexicana, sino de la importancia económica que ha ido adquiriendo a consecuencia del envío de sus remesas. Ejemplos de esta política han sido la creación, desde el inicio de este gobierno, de la Oficina Presidencial para la Atención de Migrantes en el Extranjero que, dos años más tarde, se disolviera para dar paso a la creación de varias instancias gubernamentales, como son el Consejo Nacional para los Mexicanos en el Exterior, constituido por once secretarías de Estado y encabezado por el jefe del ejecutivo; el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Consejo Consultivo del propio IME, formado por 152 miembros, representantes de la comunidad mexicana y mexicano–americana en Estados Unidos. Asimismo, el gobierno federal ha apoyado la formación de diversas instancias como la Asociación de Prestadores de Servicios de las Remesas Familiares y de un sinnúmero de convenios entre instituciones financieras o empresariales mexicanas y norteamericanas para el envío de remesas.1