Hacia fines de los años ochenta dio inicio el proceso de desmantelamiento del
modelo agropecuario que por más de cinco décadas había regido en México.
Caracterizado por una fuerte intervención estatal en todos los ámbitos del agro,
desde el sistema de propiedad hasta el aparato productivo, alentó un entorno
poco propicio a la acción autónoma de los actores, fueron éstos individuos,
empresas o colectividades. Así también, por su énfasis proteccionista, dio
lugar a una agricultura cuyo desempeño se regía por las necesidades internas
de mayor producción, alejándose de los parámetros de competitividad (costo y
calidad) presentes en los mercados internacionales.