Los ámbitos de la sociedad que rodean al sistema de educación superior, su
desarrollo y capacidades para resolver los problemas que lo atoran son innumerables
(Clark, 1983; Dill y Sporn, 1995). Uno de tales ámbitos es el gobierno federal
(Mendoza, 2002). El régimen actual ha presentado el Plan Nacional de Educación
(PRONAE) 2001-2006 en el que se anuncian políticas para la educación superior
como las de crecer con equidad y calidad, coordinar y regular el sistema, establecer
criterios de financiamiento, y fincar el desarrollo futuro en la planeación, evaluación y
acreditación, entre otras.
Todas ellas tienen mayor o menor probabilidad de éxito a partir de una serie de
factores como la recuperación de la economía para crecer, generar trabajo y
distribuir la riqueza, la dinámica demográfica, el propio devenir del ámbito educativo,
las condiciones fiscales del Estado para elevar sus capacidades financieras, las
peculiaridades de la vida política del país y la transición a la democracia. También,
un conjunto de expectativas de la población sobre las necesidades sentidas de
educarse (Muñoz, 1996), que son diferentes en la estratificación social y que
intervienen para alentar o disminuir la demanda educativa en el nivel terciario.
Finalmente, la globalización, y de manera particular la asociación de México con los
países del norte mediante el TLC afectan los límites y posibilidades de la educación
superior en México, por ejemplo, a través de las tendencias de cambio de las
universidades de los países desarrollados (Burbules y Torres, 2000). A lo dicho se
agregan los lineamientos que en la materia despliegan los organismos internacionales
con los que el Gobierno de la República tiene acuerdos o convenios.