El gobierno de México definió principios de reforma a los seguros de salud entre los años noventa y los dos mil e implementó reformas en respuesta a esos principios. En particular, las principales iniciativas aprobadas definieron esquemas voluntarios, en un caso basado en aseguradoras privadas (que tienen muy baja penetración), y en otro, en una nueva instancia pública que funciona como mecanismo de distribución del gasto federal hacia los estados; el Seguro Popular. En la actualidad el reto principal, como hace treinta años, es la integración de planes de atención para cada familia, pues las familias enfrentan una gran incertidumbre acerca de qué institución es responsable de financiar sus cuidados de salud y de proveer los servicios. En este contexto, existen múltiples propuestas de reforma, pero todas ellas, guiadas prácticamente por los mismos principios del pasado. Argumentamos que posiblemente el gobierno de México no tiene incentivos adecuados para efectuar una reforma en los términos que se han planteado y se está convergiendo a un modelo de rembolso a los estados como proveedores para población de bajos ingresos y postulamos pasos siguientes que creemos son de evolución factible. Los mismos se basan en retomar el énfasis en consolidarel financiamiento y los servicios en torno a cada familia, flexibilizar a las instituciones verticales existentes, y hacer obligatorio el aseguramiento.