La mayoría de las mujeres, a lo largo de todo su ciclo de vida, se encuentran en
situación de vulnerabilidad ante el delito y la impunidad debido a su condición de
género. Los esfuerzos gubernamentales han sido poco eficientes, ya que presuponen
que todas las mujeres comparten las mismas problemáticas de inseguridad.
Las medidas y políticas públicas para incidir en la seguridad de las mujeres deben
tomar en cuenta la vida, actividades, necesidades y especificidades propias de ellas en
el ámbito en el que desarrollan sus actividades diarias y, privilegiar las acciones
comunitarias que permitan combatir los factores de riesgo. Además de un esquema de
trabajo que incluya los diferentes ámbitos de gobierno, la academia, las OSC, el Poder
Judicial y Legislativo, con el fin de facilitar los procesos de participación de las mujeres