Los grupos indígenas en México han mantenido la demanda por el reconocimiento de sus
derechos colectivos, particularmente a partir del movimiento zapatista que surgió en la
escena política en 1994. Sin embargo y pese a la participación de las mujeres indígenas en
estas luchas, poco han logrado en relación con la protección y salvaguarda de sus derechos
individuales, establecidos en diferentes instrumentos internacionales signados por el
Gobierno Mexicano. Los avances en materia legislativa para mejorar la vida de la
población femenina, obligan también a integrar el orden de género en los pueblos indígenas
con pleno reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres.
Los discursos sobre equidad de género se reflejan poco en la vida diaria de los grupos
indígenas al igual que en otros grupos sociales. De ahí la constante exigencia de los
movimientos feministas sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas
que son violentados bajo el argumento del respeto a su herencia cultural. Bajo la lógica de
los derechos colectivos la subordinación de las mujeres indígenas suele considerarse
inherente a su cultura, de manera que en un análisis sobre simplificado de la aplicación de
las leyes, pareciera que éstas son las que ponen en riesgo sus creencias y valores. Con tal
argumento se puede llegar a estigmatizar y/o excluir a quienes buscan el cambio sin
considerar que con ello también se niega a los avances legislativos su carácter de hecho
cultural. Los instrumentos normativos internacionales, nacionales y locales que protegen
los derechos de las mujeres indígenas, son la base para avanzar en la búsqueda de puentes
de enlace entre derechos colectivos e individuales (Cobo, 2000).