Los conflictos inter-étnicos son uno de los asuntos más complejos de la convivencia social contemporánea. En aquellos territorios de Latinoamérica que han transitado un proceso reciente de cambios en el orden de las relaciones y construcciones sociales, el debate se ha resignificado, concentrándose en el reconocimiento cultural y territorial de las organizaciones indígenas. En la Argentina, con una gran proporción de su población fundada en procesos migratorios europeos, se ha negado por mucho tiempo la existencia de sus habitantes originarios. En Neuquén, desde principios de la década de 1970 se aplicaron políticas de desarrollo forestal centradas en un modelo de intervención presumiblemente promotor de beneficios ecológicos, económicos y sociales. La forestación contribuiría a detener la erosión, generar recursos renovables sustitutivos del petróleo y ofrecería alternativas productivas a las comunidades locales. El departamento Aluminé constituyó el primer núcleo de plantaciones forestales de importancia en el norte de la Patagonia, cubriendo en la actualidad una superficie superior a 16.000 ha de macizos densos de pinos con destino industrial. Sin embargo, algunas consecuencias de este desarrollo, como el reemplazo de vegetación nativa, la delimitación y fragmentación del territorio, la sustitución ganadera y el inicio de un proceso de cambio en las formas de reproducción doméstica de los grupos campesinos (de productores a asalariados) han afectado negativamente a sectores rurales pobres. A partir de los años 1990, los procesos reivindicatorios de los grupos étnicos y la presión ambiental global acerca de los impactos de la forestación agudizaron los conflictos subyacentes a las políticas de desarrollo forestal implementadas por el estado, posibilitando la aparición de nuevos actores y de espacios de poder. Con ello se pusieron en evidencia o se intensificaron diversos conflictos entre las empresas rurales y las comunidades indígenas. El territorio evolucionó desde un ámbito con pocos actores y fuerte presencia estatal, a un espacio con muchos actores, con poder diferenciado y conflictos multidimensionales. El Estado Provincial, que era un fuerte regulador de las actividades productivas y del desarrollo social hasta hace 20 años, a partir de la década de 1990 resignó su posición hegemónica, acentuándose la indefensión de los grupos más pobres. Estos adquirieron visibilidad a través de distintas formas de protesta y organización social. En todo este contexto lo forestal es causa y emergente a la vez de un enfrentamiento entre dos concepciones del desarrollo territorial, de intensidad creciente y con consecuencias inciertas. Un modelo de desarrollo forestal alternativo que incorpore al manejo pautas ecológicas y sociales tales como la restauración del paisaje, la conservación de la biodiversidad, el uso múltiple de los bosques y la calidad del empleo, respetando a la vez la identidad y cosmovisión de los distintos grupos de actores, podría contribuir a atenuar el conflicto y a crear espacios de negociación diferentes. En el presente trabajo analizaremos la evolución de actores y los conflictos territoriales en relación con el uso de forestal en Aluminé, y caracterizaremos la posición relativa de los mismos. Asimismo propondremos líneas de acción que podrían facilitar la disminución de la conflictividad generando un espacio necesario de debate y negociación