Uruguay es una economía con un ingreso per cápita relativamente elevado, estimado en casi US$ 12.000 en dólares corrientes al año 2010. Asimismo, es uno de los países que históricamente registra la mejor distribución del ingreso de la región. Entre 2004 y 2009 Uruguay experimentó un extraordinario crecimiento, que promedió 6.1% anual. Esto permitió salir de la recesión iniciada en 1999 que culminó en la crisis financiera de 2002, una de las peores de la historia del país. La crisis impuso elevados costos: entre 1998 y 2002 el PIB se contrajo 15%, en 2002 las reservas internacionales cayeron casi 80%; la deuda externa superó el 100% del PIB, los bancos comerciales perdieron el 45% de sus depósitos, el desempleo alcanzó los dos dígitos, y la tasa de pobreza pasó de 15% en 1999 a 30% en 2003. Ese crecimiento fue consecuencia, por un lado, de la continuidad en las reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración del país a la economía mundial, en un contexto muy favorable al crecimiento de la producción nacional; y, por otro lado, de políticas macroeconómicas que se adoptaron por el gobierno, que en conjunto permitieron mantener los fundamentos y reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos que se produjeron. Ello se dio en simultáneo con la sustentación de un esfuerzo importante por aumentar la inclusión y las transferencias hacia los sectores más pobres y mejorar la asignación de los recursos públicos permanentes con esos destinos. El hecho de que los progresos en materia distributiva y en reducción de las desigualdades de oportunidades y de acceso a los servicios fundamentales fueron más lentos, ha promovido la profundización del rumbo de la conducción del país en estos temas de creciente prioridad, sin poner en riesgo la estabilidad alcanzada.