En esta edición de 2015 del Panorama Social de América Latina se analizan las tendencias de la pobreza según
las mediciones propias de la CEPAL. Asimismo, se revisan los cambios registrados en la distribución del ingreso
y en algunas otras dimensiones de la desigualdad. Con el objeto de contribuir al avance de las políticas públicas
para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica, además de examinarse las últimas tendencias del gasto
social y los desafíos que presenta la transición demográfica, se profundiza el análisis de las persistentes brechas
que se manifiestan en el mercado laboral, de los desafíos en materia de políticas y programas de inclusión laboral
y productiva, y de la institucionalidad para el desarrollo social en América Latina.
Como es habitual, se presentan en el capítulo I las cifras actualizadas sobre pobreza e indigencia en América
Latina. Estas indican que en 2014 la tasa de pobreza como promedio regional se situó en el 28,2% y la tasa de
indigencia alcanzó al 11,8% del total de la población, por lo que ambas mantuvieron su nivel respecto de 2013. El
número de personas pobres creció en 2014, alcanzando a 168 millones, de las cuales 70 millones se encontraban en
situación de indigencia. Se proyecta un aumento en 2015 tanto de la tasa de pobreza como de la tasa de indigencia.
De confirmarse estas proyecciones, 175 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza por ingresos
en 2015, 75 millones de las cuales estarían en situación de indigencia.
Por otro lado, en el promedio de los países que cuentan con información reciente, se registró una leve disminución
de la desigualdad por ingresos entre 2013 y 2014. Al comparar las últimas cifras disponibles con las de inicios de la
década de 2010, se constata una reducción más significativa. La desigualdad también se manifiesta en otras áreas,
como los logros educativos. A pesar del expresivo aumento verificado en la conclusión de la educación primaria y
de la secundaria en los últimos años, se observa que, en 2013, mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del
quintil de mayores ingresos (quintil V) había concluido la secundaria, en el quintil de menores ingresos (quintil I),
esta tasa solo alcanzaba al 34%. Al inicio del período analizado, esa brecha era aun más elevada.
En el capítulo II se revisa la evolución reciente y de largo plazo del gasto social a partir de la información
oficial que brindan los países, y se da cuenta de que ha seguido creciendo, aunque a un ritmo cada vez menor. En
el período 2013-2014, representaba un 19,5% del PIB regional, pero se prevé un posible estancamiento frente a las
magras proyecciones económicas a corto plazo. Además, se analizan brevemente la distribución funcional del gasto
social, su evolución de mediano y largo plazo y los cambios de su composición.
También se revisan las restricciones del financiamiento fiscal, básicamente la estructura y evolución de los
ingresos tributarios y el impacto del fin del superciclo de los productos básicos, así como la necesidad de sostener
los actuales niveles y prioridades del gasto público social y las posibles medidas que permitirían lograrlo.
En el capítulo III se estudian algunas de las brechas estructurales que persisten en el mercado de trabajo de la
región (en términos de acceso, de ingresos, de derechos y de protección social), a pesar del comportamiento favorable
verificado en los últimos años y de que ha tenido un papel fundamental en el proceso de reducción de la pobreza
y de la desigualdad registrado en la región. A continuación, se presentan las políticas y programas de inclusión
laboral y productiva, que tienen el objetivo de ampliar el acceso a las oportunidades económicas y al empleo de
calidad de las personas que se encuentran en situación de indigencia, pobreza o vulnerabilidad a la pobreza. Se
revisan 58 programas de inclusión laboral y generación de ingresos que están en marcha actualmente en 21 países
de la región, recopilados en la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y
el Caribe de la CEPAL, que se orientan a mejorar tanto la oferta como la demanda de trabajo mediante la capacitación
técnica y profesional, la nivelación de estudios, el apoyo al trabajo independiente, la generación directa e indirecta
de empleo y los servicios de intermediación laboral. Se resalta la necesidad de incorporar la dimensión de género
a esos programas. Por último, se discuten algunas lecciones aprendidas a partir de estudios realizados sobre estos
programas, se destacan los alcances y limitaciones de dichas medidas desde un enfoque de derechos y de promoción
del trabajo decente, y se proponen una serie de recomendaciones.