La actuación de las grandes transnacionales en
la actualidad conlleva una serie de conflictos
por la confrontación de intereses comunitarios
con los que el capital desarrolla en las comunidades
bajo el auspicio de los gobiernos locales,
lo que acentúa las desigualdades y supone, para
las capas populares, una degradación continua
de sus condiciones de vida (Garnier, 2006). En
México la industria cementera y su práctica de
incineración de residuos (Vargas y Vilella, 2013)
ha generado diversos problemas ambientales y
afectaciones a la salud humana, que ha llevado a
algunas de las comunidades afectadas a organizarse
en oposición a la forma que estas empresas
operan, exigiendo la reparación de los daños y
una actuación responsable de las mismas (Carrasco
y Vargas, 2015). Existen en el país seis
comunidades en las que se han gestado movimientos
sociales que reivindican el derecho a la
salud y a un medio ambiente sano