El gobierno nacional está empeñado en que Colombia ingrese a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y avanza en una agenda de
reformas para lograrlo, acogiendo las recomendaciones del organismo. El interés
en modificar las políticas económicas y sociales conforme a lo que señala la OCDE
contrasta con el escaso interés en diseñarlas tomándose en serio sistemas de
regulación que resultan jurídicamente vinculantes para el Estado colombiano como
es el caso de las normas internacionales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) o el derecho internacional de los derechos humanos.