Nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ha transitado desde un origen
más bien privado, con ausencia de un rol fuerte por parte del Estado hacia un
sistema fundamentalmente privatizado pero con un creciente rol del estado en
materia de regulación y fiscalización.
Esta investigación busca conocer y caracterizar el Sistema de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo de nuestro país y analizar, utilizando el enfoque
teórico de las corrientes múltiples de John Kingdon (1995), si el accidente de la
Mina San José (2010) permitió abrir una ventana de oportunidad para llevar
adelante modificaciones al sistema. El autor sostiene que el desarrollo de las
políticas públicas no es secuencial, la formulación de la agenda, el diseño, la
implementación y la evaluación no concurren como momentos claramente
establecidos y diferenciados, sino que existen superposiciones que es posible
observar a través del análisis de las corrientes de problemas, de soluciones y de
política. Los estudios realizados por Domínguez (2011) sobre “Ventanas de
Oportunidad y Coaliciones de Política Pública: el caso del proyecto para un nuevo
aeropuerto en la ciudad de México desde una perspectiva histórica” y por Ramírez
(2007) respecto de “El diseño de la agenda política y la construcción de alternativas
de solución en la política de inmigración española”, nos ilustran que este enfoque
conceptual permite analizar casos de alta connotación, tal como lo representa para
nuestro país el accidente de la mina San José y nuestro Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El estudio se basó en análisis bibliográfico, datos secundarios provenientes de
estadísticas e información oficial de fuentes gubernamentales e internacionales o
estudios de instituciones públicas y privadas. Contó además con el apoyo de
entrevistas semi estructuradas, aplicadas a algunas autoridades y/o ex autoridades
del poder ejecutivo, organismos gremiales o expertos en seguridad social.
Los resultados de la investigación muestran que “la ventana de oportunidad” cerró
sin que pudiese producirse un cambio significativo en los programas y gastos
asociados a prevención de accidentes laborales. Más aún, no se vislumbran avances
legislativos importantes en los cambios normativos que hoy se tramita. Aquellos
cambios que lograron materializarse apuntan a dimensiones mínimas del sistema.
Finalmente, se concluye que los progresos que ha experimentado el sistema, por
ejemplo las reducciones en las tasas de accidentabilidad, se explican por factores
simbólicos y financieros al interior de las entidades empleadoras y no a un impulso
dado desde la institucionalidad pública, mucho menos desde los organismos
privados que administran el seguro.