Uruguay se enfrenta al desafío de asumir un nuevo enfoque de las políticas sociales de nueva generación,
consistente en el reconocimiento por parte del Estado del cuidado como derecho universal.
Hasta la actualidad la generación de bienestar de nuestras sociedades depende en buena medida de
las actividades domésticas, en su inmensa mayoría no remuneradas, que son desarrolladas por las familias.
El cuidado de la salud constituye una de las actividades no remuneradas con mayor incidencia sobre la
vida económica y social de los países. Estudios internacionales evidencian que el cuidado de la salud
de personas dependientes es realizado mayoritariamente por las familias, mientras que las instituciones
públicas y privadas participan de forma minoritaria. Esta evidencia tiene consecuencias de género
relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad, pues cuando son las principales proveedoras
del bienestar, éstas deben excluirse del mercado laboral o bien enfrentar mayores dificultades que sus
pares varones para articular trabajo productivo y reproductivo.