La primera década del siglo XXI para el Uruguay comenzó con una crisis económica sin
precedente en la historia del país. La contracción de la demanda interna y la caída consiguiente
en el producto conllevó efectos que resintieron agudamente el mercado de trabajo por tres
vías: reduciendo la creación de nuevos empleos, disminuyendo los salarios, principalmente los
privados, y aumentando sustantivamente el desempleo (Boado, Fernandez; 2005). En este
contexto, la pobreza medida por ingresos alcanzó niveles inéditos. En el año 2004 el 30% de los
hogares del país urbano se encontraban en situación de pobreza (INE: 2014).