En marzo de 2015 tuvo lugar una amplia movilización de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín en demanda del cumplimiento de sus derechos laborales; este hecho hizo visible para gran parte de la opinión pública la situación de injusticia laboral y las precarias condiciones en las que sobreviven cientos de miles de trabajadores del campo, pese a que su trabajo genera una gran producción agrícola destinada principalmente a la exportación. Una política de combate a la pobreza con enfoque de derechos debe garantizar los derechos laborales de los trabajadores hoy. De otro modo, cuando esa población llegue a la vejez requerirá del apoyo de los programas sociales, pues 80% carece de contrato y seguridad social; el estudio muestra que esta situación es compartida por 2.7 millones de trabajadores del sector agropecuario. La legislación laboral nacional e internacional aplicable en nuestro país obliga al Estado a garantizar y proteger los derechos de los trabajadores, lo que requiere el fortalecimiento de la inspección laboral especializada en todo el sector agropecuario y el involucramiento de todos los órdenes de gobierno.