La política de seguridad del Estado mexicano no ha podido deshacerse de su matriz autoritaria, manifestada en el endurecimiento de la legislación penal. Un elemento presente ha sido la incorporación de figuras de excepción en el ordenamiento jurídico con el objeto de legitimar la actuación arbitraria de las autoridades pero que reducen la esfera de derechos. El arraigo incorporado hace 18 años en la legislación mexicana ha sido utilizado para brindar un trato diferenciado a la delincuencia organizada a fin de investigar la conducta de las personas en tiempos y formas que exceden los estándares internacionales de derechos humanos. Lo cierto es que la utilización de esta figura contribuye el subsidio de autoridades ineficientes y el aumento de graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de las voces de los organismos internacionales y nacionales que advierten sobre los riesgos de utilizar medidas de excepción como el arraigo en el ejercicio de los derechos humanos, el Estado mexicano carece de voluntad política por erradicar dicha figura.