Debido a los crecientes índices de victimización en México reportados en indicadores públicos como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, fue necesario instrumentar entre las instituciones del Estado Mexicano, estrategias para fortalecer y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Es importante destacar los importantes esfuerzos que se han realizado desde el ámbito legal, así como en la conformación de instituciones, sin embargo estos cambios serán graduales y tocará quizá a otras generaciones recoger los frutos proyectados. Tanto la víctima como el policía se encuentran inmersos en procesos de cambio, para el caso de la policía es necesario cambiar la forma en que se les percibe a sus elementos y para el caso de las víctimas es necesario modificar los procesos por los que son atendidos. A pesar de la normativa aprobada, es necesario darle usabilidad y seguimiento a la aplicación que de ésta. Existen estrategias de interoperabilidad diseñadas para vincular el trabajo de las instancias que intervienen en un mismo proceso con roles distintos para generar manuales y protocolos que estandarizan la actuación y permiten hacer revisiones continuas en su funcionamiento para que éstas logren coadyuvar y trabajar de manera coordinada. En uso de sus atribuciones en el sistema acusatorio, el policía adquiere relevancia especial debido al nivel de profesionalización que requiere para atender a personas en situación de víctima, sin embargo es necesario dotar de sentido y objetivos precisos su actuación, ya que de un trabajo bien realizado es posible dar cumplimiento a las medidas de ayuda inmediata y en un mediano plazo repercutir en la recuperación del proyecto de vida.