El objetivo es discutir en torno a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, que han sido reconocidos a las víctimas de delitos en la Ley General de Víctimas recientemente aprobada en México. El método plantea una somera revisión del ascenso de la víctima en el proceso penal, que en el caso mexicano ha sido un camino normativo concretado por último en ese ordenamiento, que prevé un catálogo expandido de derechos, entre los cuales se cuentan nuevos derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Estos se analizan en contraste con los derechos del imputado, en particular con aspectos enmarcados en la presunción de inocencia y el derecho de defensa. El resultado de esta discusión sugiere que la expansión de derechos de la víctima dentro del proceso penal ha conducido a que se le reconozcan prerrogativas que difícilmente pueden hacerse efectivas en el marco de un proceso penal como el latinoamericano, cuyas líneas estructurales y garantías mínimas se gestaron para la protección de los derechos del imputado.