En contraste con la postura dominante de que la escalada de violencia que actualmente padece México se reduce a un conflicto entre antagónicos: los traficantes de droga y las fuerzas del orden, el problema se relaciona en cambio con la descomposición social caracterizada por la violación de los derechos humanos y la degradación de las condiciones de vida, así como con la intervención expansionista que Estados Unidos despliega. En el marco de la relación asimétrica con dicho país, México adopta puntos de inflexión en materia económica, legislativa y de seguridad, lo que posibilita la fuga de excedente, recurso humano y termina por socavar la soberanía nacional. En dicho contexto, los principales grupos de traficantes de la droga se suman a Redes Transnacionales de Criminalidad con la intención de proyectar el tráfico de estupefacientes, pero también para ejercer nuevos métodos de generación de excedente al valorizar su capital desde una lógica y dinámicas propias, lo que configura una economía criminal basada no sólo en la cadena de valor de la droga, sino en los delitos que atentan contra la vida, los vínculos con capitales lícitos y las esferas política, económica y social, primordialmente. Ello contribuye a una crisis de inseguridad que imposibilita el desarrollo humano y la vigencia de los derechos humanos.