¿Es la demanda de justicia comunitaria algo prioritario para el movimiento indígena, campesino y rondero en el Perú? Esta es una pregunta que se plantea frecuentemente, sobre todo por parte de personas interesadas en la administración de justicia comuni- taria y el derecho consuetudinario. Aparentemente, para estas personas, esta no sería una demanda que le interesara promover políticamente a las organizaciones o líderes indígenas. Sin embargo, esta sería una percepción inexacta, o en todo caso solo parcial- mente correcta, como se tratará de demostrar en el presente texto.
En el Perú siempre ha resultado problemático hablar de “movimiento indígena” de ma- nera general sin tener que hacer una serie de precisiones al respecto. Algunos autores, incluso, han cuestionado la existencia misma de un “movimiento indígena” en el Perú (Remy 1994, Yashar 1998, Quijano 2006, Fernández 2012) o en la región amazónica peruana (Vega 2009), mientras que otros han tratado de explicar una cierta excepcio- nalidad del caso peruano en comparación con los movimientos indígenas existentes en los otros países andinos como Bolivia, Ecuador e incluso Colombia (Degregori 1993 y 2002, Montoya 1993, Gelles 2002, Yashar 2005,1 Pajuelo 2007, Albó 2008).
A continuación, se tratará de resolver algunos de los aspectos problemáticos que han surgido en relación con el movimiento indígena peruano y la administración de justicia.