La investigación analizó la situación del municipio colombiano como “víctima” del
desplazamiento forzado, a través de la incidencia de este fenómeno en las
finanzas territoriales de los gobiernos subnacionales colombianos.
Bajo la intención de prevenir y controlar el desplazamiento forzado, en Colombia
se ha emitido una normatividad tendiente a adoptar medidas de prevención al
desplazamiento forzoso, así como atender, proteger, consolidar y estabilizar
socioeconómicamente a la población afectada. Empero, para los municipios no
existe una normatividad que los blinde, como entes territoriales, de las
consecuencias negativas que podría generar este fenómeno, especialmente, en lo
económico, financiero y fiscal.