En México, cuando nos referimos a la mortalidad materna, de inmediato
señalamos que es un reto de la salud pública. Cuando comentamos sobre
la razón de mortalidad materna (RMM), de forma contundente decimos
que la velocidad de disminución no es la esperada para cumplir la meta
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los cuales el gobierno de
México se comprometió a reducir, para el año 2015, la RMM a menos de
23 por 100 mil nacidos vivos.
Múltiples investigaciones indican que las defunciones maternas son
síntoma de inequidad social y un problema de salud pública en el que
concurren diversos factores que condicionan el acceso a la atención
obstétrica, por un lado, y la calidad de los servicios de salud, por el otro.
Ambos factores son nodales en la operación y aplicación de las políticas
de salud de un país. Lo anterior, se relaciona directamente con el patrón
de causas de defunciones maternas en las últimas dos décadas, que
incluye la enfermedad hipertensiva del embarazo, parto y puerperio; la
hemorragia obstétrica; el embarazo terminado en aborto; las infecciones
obstétricas y sus complicaciones, que han tenido cierta variación
porcentual en el tiempo. Es decir, patologías para las cuales el arsenal
médico y quirúrgico es amplio y se aplica desde hace mucho tiempo.
Para dar una respuesta al reto que se presenta a partir de la segunda
década de este siglo, debemos tener otra mirada que permita comprender
que las defunciones maternas no afectan a todos los municipios del país
y ocurren en mujeres habitantes de municipios de alto o mediano índice
de desarrollo humano y en conjuntos habitacionales muy cercanos a
uno o varios hospitales.