Existe consenso hoy sobre la necesidad de avanzar hacia enfoques que hagan más integrales y universales los sistemas de protección social, por su rol en la superación de condiciones tradicionales de pobreza y en la construcción de sociedades más inclusivas. Sin embargo, la extensión de estos enfoques a las áreas rurales ha sido escasa y, en algunos casos, inexistente, principalmente porque la protección social ha estado ligada inevitablemente al mercado de trabajo y diversos estudios han señalado deficiencias en estos mercados, que han impedido que el empleo se traduzca para la mayoría de la población en un mecanismo de protección frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento. Los instrumentos de protección social vigentes no fueron diseñados teniendo en cuenta las particularidades de las poblaciones rurales y los riesgos a los que se enfrentan, razón por la cual hoy existe en estas zonas un alto porcentaje de la población desprovisto de herramientas que le permitan proteger sus ingresos y reducir su vulnerabilidad. Ha faltado información y análisis profundos de quienes son los habitantes rurales, acerca de la conformación de sus familias, sobre las actividades productivas a las que se dedican y la dinámica particular de los mercados en los que se insertan. Aunque existen sistemas de identificación y plataformas para aproximarse a las necesidades de las familias, estas no han logrado el conocimiento de los hogares rurales con la precisión que se requiere.