Desde la cúspide del ordenamiento jurídico Colombiano cuya máxima representación es
la constitución política del año 1991, es posible encontrar que la carta magna pretende
proteger y garantizar para todos los miembros de la sociedad sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho fundamental al trabajo, teniendo en cuenta que la protección que
versa sobre este derecho no es únicamente del Estado Colombiano, sino que es una
protección que alcanza niveles globales. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es
Proponer algunas estrategias o posibles soluciones que le permitan al Estado colombiano brindar
una verdadera protección al derecho al trabajo de todos los sectores y actores de la sociedad civil
en la etapa del postconflicto, teniendo en cuenta el contexto de reintegro de miles de personas, y la
problemática actual que viven muchos ciudadanos frente a este tema.