En la actualidad, comprender la emergencia de manifestaciones sociales a
escala territorial es una necesidad política y académica para la estabilidad
social. El presente estudio de caso es un ejercicio orientado a obtener
aprendizajes para el diseño de políticas públicas con enfoque territorial.
Para ello se propuso estudiar la movilización social de Aysén y su impacto
en la agenda pública.
La región de Aysén presenta un crecimiento económico estable, no
obstante es la cuarta región más desigual del país. Se comprueba que
ajustando regionalmente la línea de la pobreza, acorde al costo de vida,
ésta podría duplicarse en relación a la medición actual. Paradójicamente
el Estado es el principal motor de desarrollo regional, donde la inversión
pública per cápita es la más alta a nivel país. Cuestión que pone en tela de
juicio la pertinencia de la agenda pública para Aysén y el surgimiento del
conflicto social.
El análisis de los acuerdos planteados en la mesa social de Aysén
establece que un 76% de las iniciativas emanadas del movimiento no
habían sido consideradas en el Plan de Gobierno 2010 – 2014. En suma,
se acredita que el nivel de incidencia política pública fue bajo. La mayoría
de las propuestas de gobierno pos conflicto social se enfocaron en
cambios de orientación de instrumentos públicos. En menor grado se
generaron modificaciones a los métodos de gestión pública y
definitivamente no se lograron cambios en la cultura organizacional del
Estado. La resistencia a cambios profundos por parte del Ejecutivo queda
en evidencia tras la omisión de acciones que pretendían impactar en el
nivel más alto de incidencia en agenda pública.
El movimiento social de Aysén es reflejo de una nueva generación de
movimientos territoriales que apelan a un mayor grado de inclusión en la
toma de decisión política. En conclusión, la expresión política de los
territorios sobrepaso la capacidad del gobierno central para responder a
sus ansias de autonomía. Es por ello que es ineludible avanzar en la
construcción de una nueva institucionalidad territorial capaz de recoger,
analizar y responder a los intereses de la sociedad civil en pos de una
gestión pública desde los territorios.