El crimen, la prisión y la inseguridad vienen ocupando la agenda pública y la
preocupación ciudadana, ya que existe la percepción de que vivimos en un país cada vez
más inseguro. Ante esta sensación, la respuesta sigue siendo el aumento de las penas, el
encierro de mayor cantidad de presuntos delincuentes y la merma de garantías penales y
procesales. Es decir, una política de mano dura.
Sin embargo, existen escasas discusiones académicas y teóricas sobre la
pertinencia de estas medidas, y, en especial, sobre la efectividad de las mismas para
enfrentar a la inseguridad.