El presente documento demarca algunas líneas de reflexión en torno al acceso
a la justicia como derecho fundamental estratégico en la superación de
la discriminación de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
La Defensoría del Pueblo, por medio de su Delegada para los Derechos
de la Niñez, la Juventud y la Mujer (en adelante la Delegada), se encarga de
delinear los modos como se debe efectuar la atención de esta población, en
tanto la defensoría del Pueblo evalúa permanentemente la situación de derechos
humanos y asesora en lo relacionado con su divulgación, protección
y promoción.
A lo largo de casi veinte años de mandato2
, de la mano de una agenda
de promoción y defensa de los derechos humanos institucionalizada con
la creación constitucional de la Defensoría del Pueblo3
, y vinculada a las
apuestas globales introducidas desde fines del siglo XX en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos; en torno a la situación y condición
de las mujeres4
, los niños y las niñas5
, la Delegada ha impulsado diversas
acciones que apuntan al reconocimiento de tales sujetos como “sujetos de
derecho” y a la superación de las condiciones históricas de discriminación
que les afectan.