Las recientes preocupaciones por la regulación normativa de las
técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) suscitan especialmente
discusiones sobre cómo administrar los embriones, cuántas veces usar
una muestra, cómo definir la filiación, entre otros. Sin embargo, no se
ha cuestionado directamente a quienes estaría amparándose con estas
regulaciones y cuál sería su contribución a la equidad social y al desarrollo
de todo un país, pues la urgencia de salvaguardar los derechos sexuales y
reproductivos —marco teórico invocado para exigir la regulación de las
TRHA— debe apuntar necesariamente a la consecución de una sociedad
menos desigual.