La Ley 18.314 que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, conocida
comúnmente como “Ley Antiterrorista”, fue promulgada en 1984 con la finalidad de sancionar
drásticamente cualquier tipo de insurrección en contra del régimen militar de aquel entonces. Esta
ley sanciona con una penalidad especial ciertas conductas calificadas como terroristas y además
establece reglas especiales en materia de procedimiento, como la utilización de técnicas
especiales de investigación y la alteración de reglas procedimentales, que han sido foco de
críticas.
Actualmente esta ley ha generado debate debido a que a partir del año 2000 en adelante,
se ha aplicado en contra de integrantes de comunidades indígenas, vulnerando el derecho de
igualdad y no discriminación, afectando principalmente a un grupo de la población: el Pueblo
Mapuche1
. En efecto, la gran mayoría de los procesamientos con arreglo a la legislación
antiterrorista han sido en casos de protesta mapuche. Los restantes se relacionan con la
colocación de bombas o explosivos en la zona metropolitana de Santiago por movimientos
anarquistas o antisistema. Además, las estadísticas oficiales de la Fiscalía Nacional indican que,
en 2010 y 2011, se acusó a 48 personas en aplicación de la Ley Antiterrorista, 32 de las cuales
estaban relacionadas o pertenecían a comunidades de los pueblos indígenas2