Se da por hecho que un Estado es “constitucional”, porque tiene un cuerpo normativo que establece la estructura de gobierno, que reconoce como objetivo primordial los derechos humanos y que expresa mecanismos de control del poder a favor del pueblo. Sin embargo, sin un entramado democrático, las normas no garantizan que sus fines se cumplan. México ha tenido diversas reformas constitucionales que no han logrado cumplir su cometido. En este contexto, el trabajo alude que la crisis institucional, económica y de derechos humanos en México no se solucionará con reformas, sino mediante una reorientación de los actores implicados en los sectores políticos, administrativos y de administración de justicia. Asimismo, como aporte, el artículo propone nuevas líneas de acción para mejorar la gobernanza con bases y objetivos participativos; que hagan realidad las disposiciones jurídicas, económicas y políticas de la Constitución.