En 1993 el gobierno colombiano realizó una profunda reforma en el sector
salud, generando cambios financieros e institucionales de gran importancia. Esta
reforma buscó garantizar aspectos de eficiencia, universalidad y equidad, tanto
en el aseguramiento como en la prestación de servicios. Adoptó una estrategia
de seguro obligatorio de salud con el fin de que los afiliados estuvieran cobijados
por un plan de servicios de atención médica a través de una contribución al
sistema o un subsidio (Jaramillo, 1999). El estado actual de la reforma al sector
salud ha significado una alta preocupación por parte del gobierno, debido al
estancamiento del aseguramiento, las debilidades financieras del sistema y al uso
óptimo de los recursos destinados al sistema en general.