El Estado Social de Derecho tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos el ejercicio de
unos derechos cuya realización conduce a vivir con dignidad. Tales derechos han sido
catalogados como fundamentales y dentro de ellos se incluyen el derecho a la vida, el goce de
una adecuada salud, el acceso a unos mínimos de educación, cultura y recreación, el disfrute
de un medio ambiente sano, el acceso a la posesión de una vivienda y el acceso a los
servicios necesarios para el saneamiento básico, entre otros.
Para cumplir con estos objetivos, el Estado dispone de recursos limitados, cuya
cuantía y programación se puede verificar, de manera precisa en la Ley anual de Presupuesto
de cada vigencia fiscal1.