Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital 2011

BASE CONCEPTUAL

Conceptualización sobre calidad de vida y capacidad de pago - Aproximaciones desde el bienestar

La Encuesta Multipropósito para Bogotá - Distrito Capital (EMB) surge como una iniciativa de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tendiente a obtener información socioeconómica periódica para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas distritales.

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) considera conveniente integrar la temática de las encuestas de calida de vida y capacidad de pago en una Encuesta Multipropósito, manteniendo los niveles de desagregación por localidad y estrato.

Esta encuesta debe incluir temas adicionales en torno a problemas específicos que afectan la calidad de vida urbana y la capacidad de pago de Bogotá, permitiendo comparabilidad con otras ciudades a nivel internacional.

La Encuesta está dirigida a mantener una línea de continuidad en los diagnósticos de la ciudad a través de la producción de indicadores que sean comparables en los planos nacional e internacional y que permitan establecer la magnitud de los cambios en los últimos años. A tal pretensión se añade la de establecer una forma de evaluación sobre realidades y problemáticas propias de Bogotá en tanto metrópoli nacional.

En esta doble perspectiva, la EMB incorpora elementos comunes a los de otras encuestas realizadas en el país, como las de Calidad de Vida (DANE) y Capacidad de Pago (Administración Distrital, CID, Universidad Nacional), e introduce nuevas temáticas, profundizaciones y desagregaciones sobre situaciones que tienen significado especial en el contexto del Distrito Capital.

El diseño de la EMB se fundamenta en los conceptos de bienestar y calidad de vida, que adquieren connotaciones especiales en el contexto de las grandes ciudades en la época de la globalización. Dentro del amplio espectro de temas que cubre la evaluación de estas nociones se intenta destacar aquellos aspectos que para Bogotá han recibido tratamiento especial en las políticas públicas y que son percibidos como problemas prioritarios.

A continuación se reseña el marco conceptual que ha servido de base para el diseño de la encuesta. Se inicia con un planteamiento general sobre el modelo que ubica la interrelación entre los conceptos centrales y da un marco general a la estructura temática de la encuesta. Inicialmente, se hace referencia a las características propias de las aglomeraciones urbanas en el mundo contemporáneo. Con este fundamento se analizan las nociones de bienestar y calidad de vida bajo diferentes enfoques conceptuales haciendo hincapié en aquellos aspectos que adquieren relevancia en los contextos urbanos. Posteriormente se expone el concepto de capacidad de pago, también en diferentes escuelas teóricas, y la forma de abordar su valoración en la perspectiva de la calidad de vida.

EL MODELO CONCEPTUAL

Los componentes principales del modelo conceptual de evaluación que guía la EMB son:

· Los elementos constitutivos de la calidad de vida urbana en términos de bienestar alcanzado. Comprenden distintas dimensiones que expresan los logros obtenidos desigualmente por las personas y los hogares tanto en términos objetivos como subjetivos.

· Los elementos instrumentales que permiten y favorecen los diferentes niveles de calidad de vida alcanzados:

• Los servicios sociales y equipamientos urbanos públicos y privados que hacen posible obtener la calidad de vida.

• La capacidad de pago de los hogares que condiciona los niveles de consumo de los hogares.

• El capital humano como fuente de generación de riqueza y capacidades.

• El capital social como expresión de la cohesión social y de posibilidades de obtención de logros.

Además de estos elementos, la encuesta toma en cuenta factores de las condiciones y dinámicas urbanas que influencian tanto la obtención de una situación particular de calidad de vida, como el acceso a servicios y equipamientos urbanos, y el nivel de capacidad de pago de los hogares. Dentro de ellos se encuentran tanto los factores demográficos y de ubicación espacial como las características de empleo que ponen de presente las oportunidades diferenciales de las personas ligadas a sus “posiciones sociales”.

LA NOCIÓN DE BIENESTAR EN EL CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y con particular concentración en grandes ciudades. En América Latina y el Caribe esta tendencia es más acentuada, con un 75% del total de la población ubicada en centros urbanos. Colombia presenta una tendencia similar y Bogotá emerge como una de las grandes ciudades latinoamericanas (HABITAT, 2009). El proceso de concentración de la población en centros urbanos ha presentado una tendencia acelerada en los últimos años en el contexto de la globalización y ha venido cambiando las relaciones económicas y sociales de las personas que habitan en ellos. Por tal motivo, es fundamental caracterizar y aproximarse a una medición de los diferentes factores que afectan el bienestar de los residentes en grandes urbes, como el caso de Bogotá. Para evaluar las condiciones sociales propias de estas ciudades se requiere tomar en cuenta, además de los factores mínimos de supervivencia, como alimentación, salud y vivienda y los propios de otras formas de poblamiento, factores particulares asociados al desarrollo de las poblaciones, como por ejemplo la formación de capital humano (educación), recreación, manejo de la información y de tecnología de comunicaciones, cultura, movilidad geográfica e interacciones sociales entre otros, los cuales son fundamentales para funcionar adecuadamente al interior de la sociedad (Deaton, 2006).

Aunque el bienestar se contempla como una variable fundamental que nace de la interacción de varios temas como calidad de vida y capacidad de pago, comunes a las zonas urbanas como a las rurales, es indispensable especificar los diferentes fenómenos que afronta la sociedad en las grandes ciudades en el contexto de la globalización. En su Informe Mundial sobre los asentamientos humanos Un mundo en proceso de urbanización, elaborado por HABITAT (UN) para la Conferencia Mundial de 1996, se caracterizan los rasgos y tendencias generales de los fenómenos urbanos en el mundo contemporáneo (HABITAT, 1997). Este informe, y los posteriores elaborados por esta agencia de las Naciones Unidas, dan cuenta de lo propio de los fenómenos urbanos a nivel mundial, en el entorno de la globalización, y señalan las ventajas de las nuevas formas que han asumido las ciudades en la época contemporánea. Igualmente identifican los problemas y amenazas asociados con la urbanización y las potencialidades de las mismas ciudades para resolverlos (HABITAT, 2001 y 2009).

El análisis de las tendencias de urbanización y la distribución espacial de la población, a nivel mundial, se encuadra dentro de las transformaciones económicas, tecnológicas y en las condiciones sociales y políticas nacionales y mundiales. Bajo estas influencias no solo ha habido una proporción creciente de la población del planeta que vive en centros urbanos, sino que también las ciudades más populosas han adquirido una nueva forma.

El documento de la Conferencia mundial de HABITAT en 1996 enfatiza en los retos que esos cambios plantean para el logro de una vivienda adecuada al alcance de todos y el desarrollo sostenible de las ciudades. En publicaciones posteriores de la agencia se amplía el campo de las preocupaciones, tomando como marco de referencia el proceso de globalización y los fenómenos que la acompañan. Al proceso de globalización corresponde una realidad espacial específica, que se expresa en patrones que asumen las ciudades del mundo actual.

Ideas similares son expuestas por Jordi Borja y Manuel Castells en su libro Global y Local (1997). Según estos autores, la globalización basada en la revolución tecnológica de la información y la comunicación ha transformado profundamente la estructura espacial y social de las ciudades a nivel mundial. En esas circunstancias, la ciudad, como forma específica de relación entre territorio y sociedad, adquiere una nueva estructura que transforma las relaciones sociales, las formas de vida y la manera como se integra culturalmente la sociedad. La excesiva concentración urbana conlleva el incremento de los problemas sociales, urbanos y medioambientales. Los problemas de la vivienda y los servicios urbanos, como los de conservación del medio ambiente son planteados en forma más dramática con la urbanización generalizada y se hacen más agudos en las ciudades de mayor tamaño.

El crecimiento de las ciudades está asociado también con diversos fenómenos que afectan las condiciones de vida de la población: aumento en los riesgos a la victimización criminal, falta de condiciones adecuadas en la vivienda, inseguridad alimentaria. En el caso de la salud, por ejemplo, los patrones de morbilidad y mortalidad urbanos difieren de los de las zonas rurales en razón a la "transición epidemiológica" que ha tenido mayor dinamismo en las grandes ciudades y que se expresa en un cambio de predominio en la incidencia de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles. Los factores de riesgo de la salud por exposición a contaminación ambiental y relacionados con el estilo de vida (tabaquismo, alcoholismo, aumento de la ingesta de grasa, bajo consumo de fibra, sedentarismo) son mayores en las ciudades, lo que contribuye a que las tasas de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades coronarias sean más altas en ellas (HABITAT, 2001).

Los fenómenos asociados con la forma como se ha dado la globalización han impuesto igualmente condicionamientos para el acceso a la vivienda por restricciones impuestas en el crédito. A través del incremento del trabajo informal se dificulta aportar las garantías que exigen las entidades financieras para obtenerlo. El sector financiero formal no cuenta con líneas de crédito para las poblaciones pobres, y los programas de apoyo gubernamentales no tienen una extensión que corresponda con la de las necesidades de nuevas viviendas y la calidad de las existentes (HABITAT, 2001).

El curso que ha seguido la globalización en las ciudades ha llevado, además, a una progresiva polarización social que tiene claras expresiones en la configuración física de las ciudades y en las notables desigualdades en el acceso y consumo de servicios públicos urbanos. En regiones como la latinoamericana las desigualdades dentro de las ciudades se han incrementado y la población en condiciones de pobreza se concentra en ellas. La pobreza se ha convertido en un fenómeno que cobra mayor importancia en las ciudades debido a que los servicios básicos dejaron de ser provistos por el Estado, por lo cual la capacidad de pago de la población pasa a tener un papel crucial (HABITAT; 2001). Esta polarización social tiene su origen en la segmentación del mercado laboral que ha sido promovida por los procesos de flexibilización laboral que acompañan la globalización, y sus efectos son más grandes en las ciudades. La flexibilización laboral ha creado un marco de relaciones laborales que acrecientan la desigualdad y la vulnerabilidad de amplios sectores de trabajadores (HABITAT, 2001: 13, Castells y Borja, 1997).

Dado lo anterior, es indispensable crear indicadores que se aproximen a los diferentes aspectos que determinan el bienestar de los individuos en un contexto urbano dentro de un mundo globalizado. La línea principal de análisis que sigue este documento describe dos conceptos que sustentan principalmente el desarrollo temático de la EMB: el concepto de calidad de vida y el concepto de capacidad de pago. No obstante, como se señaló, el modelo conceptual de la encuesta involucra otras nociones como las de capital humano y capital social que se ubican como recursos para el logro de la calidad de vida.

APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA

Esta sección presenta las aproximaciones teóricas que han contribuido en el debate de construcción del concepto de calidad de vida y hace referencia al desarrollo de un concepto de calidad de vida urbana. La noción de “calidad de vida” que de mejor manera abarca las diferentes temáticas planteadas en la EMB pone de presente una concepción sobre los fines que es deseable obtener para los individuos y la sociedad. Conservando el interés humanista del utilitarismo, la noción de calidad de vida amplía el espacio de examen y evaluación a un conjunto de situaciones, que tienen valor por sí mismas. Al ir más allá de un enfoque utilitarista que asocia bienestar con aumento de ingresos, la 'calidad de vida' puede definirse de diferentes formas. Siguiendo a Amartya Sen, la calidad de vida puede leerse a la luz de las capacidades para obtener logros valiosos en lo que pueden llegar a ser y hacer las personas. Las capacidades constituyen las oportunidades para la realización del ser humano, dentro de un ámbito de libertad, expresan las potencialidades para lograr la vida que se considera digna. Su contenido resalta el papel de la libertad para obtener realizaciones respecto a un marco valorativo general, conservando un espacio para la convivencia de distintas concepciones morales y las opciones particulares de los individuos” (Fresneda y González, 2004).

Este enfoque se diferencia de las posiciones que evalúan la calidad de vida en términos del acceso a recursos o bienes, porque tiene en cuenta las diferencias individuales que dan a cada cual unas posibilidades específicas para transformar los recursos de que dispone en capacidades. El enfoque de la calidad de vida en términos de las capacidades se distingue igualmente de las posiciones que colocan, como elemento clave de evaluación de la justicia, el cumplimiento de los derechos en términos de restricciones que deben ser respetadas (Fresneda y González, 2004).

La evaluación de la calidad de vida se centra en establecer de qué forma han sido alcanzados los fines y metas sociales que se consideran valiosos. No obstante, en una perspectiva de apoyar la formulación y desempeño de las políticas públicas esta evaluación se extiende a los mecanismos que permiten obtener su logro. Tomar en cuenta los factores instrumentales es fundamental para orientar las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida en una perspectiva de medios hacia fines. Por eso el modelo conceptual de la encuesta considera no solo las características que expresan los aspectos constitutivos de la calidad de vida, sino también los mecanismos establecidos para alcanzarlos. Dentro de ellos se destacan los servicios sociales públicos y privados, la conformación de los capitales humano y social y la capacidad de pago de los hogares para acceder, a través del mercado, a los bienes y servicios que les son necesarios.

En esta sección se analizan los diferentes enfoques que han permitido elaborar o han servido como base crítica para el desarrollo del concepto de calidad de vida antes planteado. La primera sección introduce el análisis de pobreza y su relación con el bienestar en un contexto de análisis de desarrollo económico. La segunda expone dos enfoques teóricos que sustentan el análisis del bienestar de los individuos. La última sección expone una concepción del concepto de calidad de vida urbana.

• EL CONCEPTO DE BIENESTAR EN EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO

En sus inicios el problema del desarrollo fue pensado como un problema de crecimiento económico, y en este sentido todos los esfuerzos conceptuales de análisis de desarrollo y pobreza se centraron en estudiar los determinantes del crecimiento económico de una nación. Este enfoque partía de la premisa que el crecimiento económico y la generación de riquezas de una nación tenían como consecuencia inmediata, la reducción de la pobreza a través del incremento en la riqueza de los ciudadanos. Sin embargo, esta premisa olvida un hecho importante, como es la desigualdad al interior de las economías.

Basados en los hechos ampliamente documentados respecto a que el crecimiento no está acompañado con una reducción inmediata de la pobreza, la economía del desarrollo recientemente ha reconsiderado su objeto de estudio y se ha enfocado hacia el análisis económico necesario para la reducción de la pobreza. Igualmente han destacado que el objetivo último del proceso de desarrollo consiste en mejorar las condiciones de vida de la población, en incrementar su bien-estar (Sen).

Los hacedores de política a nivel local, nacional e internacional no han estado apartados de este debate y por el contrario han formado parte activa en los esfuerzos por reducir la pobreza. Prueba de ello es que el Banco Mundial ha proclamado que su “sueño es un mundo libre de pobreza” y ha enfocado todos sus esfuerzos hacia las actividades de reducción de la pobreza. Por su parte la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000 lanzó una hoja de ruta para atacar la pobreza en el mundo a través del programa “Objetivos del Milenio”, con el objeto de erradicar la extrema pobreza y el hambre, más específicamente reducir a la mitad algunos indicadores que expresan estos fenómenos en el 2015, con respecto a los observados en 1990. Aunque la medición de la pobreza es solo uno de los aspectos a tener en cuenta en un enfoque más amplio de aproximación a la calidad de vida y, en el contexto de la EMB, a la calidad de vida urbana, ya esta dimensión por sí sola plantea grandes retos en su medición y en el establecimiento de indicadores para su diagnóstico y análisis. En particular en este contexto debe entenderse el alcance multidimensional de la pobreza y su relación con los contenidos de la calidad de vida urbana.

Bajo esta perspectiva la pobreza es un fenómeno más amplio y complejo que la simple ausencia de ingresos. Las condiciones de vida, o de bienestar, han sido estudiadas ampliamente por la literatura económica y su conclusión implica que estas dependen de una gran cantidad de factores. En particular, existe un conjunto de necesidades básicas que hay que cubrir simplemente para garantizar la subsistencia, como: alimentación, vestido, salud, vivienda, entre otras; pero hay otro conjunto de necesidades que van surgiendo con el proceso mismo de desarrollo: educación, recreación, acceso a la cultura, etc. y que se convierten en necesidades indispensables para poder funcionar socialmente.

En cada momento, el nivel de lo que se podría llamar “necesidades básicas”, depende del nivel de desarrollo alcanzado y de los “usos y costumbres” de cada sociedad en particular. Este hecho es crucial en un enfoque urbano, donde el proceso de desarrollo es dinámico y el grupo de necesidades que surgen dado el nivel de asociación de las personas también lo es. Obviamente, a medida que aumente la capacidad productiva de los países y de las ciudades, el conjunto de necesidades básicas y la calidad de los bienes para satisfacerlas van aumentando. Mientras que a principios de siglo en América Latina, por ejemplo, la educación, incluso a nivel de lectura y escritura, sólo era accesible a núcleos reducidos de la población, hoy en día, para funcionar socialmente se requiere de una escolaridad mucho mayor. Y lo mismo puede decirse de todo el conjunto de “necesidades básicas”: las características de la vivienda, su equipamiento, el entorno urbano, la calidad de los alimentos que se consumen, las características del vestido, las necesidades de recreación, educación, cultura, etc. se van refinando a medida que avanza el desarrollo de los países y de las ciudades.

En un sentido más amplio puede afirmarse, con igual fundamento, que el alcance del concepto de bienestar, y de los factores de los cuales depende, tienen un alto componente histórico y están determinados por la ubicación geográfica y social del individuo y de su hogar. La noción de calidad de vida urbana, tratada en secciones posteriores, busca captar las particularidades del análisis del bienestar en el contexto de los medios urbanos.

• ENFOQUES TEÓRICOS DEL BIENESTAR

El análisis del bienestar ha tenido diferentes aproximaciones a lo largo de la historia y diversas corrientes de pensamiento económico. Se ha asociado al incremento de la riqueza, al progreso tecnológico, a la modernización, al desarrollo de las fuerzas productivas, etc. Uno de los grandes enfoques para estudiar el bienestar, ha sido el enfoque de la economía del bienestar, donde la utilidad de las personas garantiza felicidad. En este enfoque utilitarista el consumo de bienes juega un rol importante en el bienestar de los individuos a través de incrementos en la felicidad, medidos a través de una métrica del bienestar (utilidad).

El otro enfoque es el desarrollado por el premio Nobel de Economía Amartya Sen, en el cual el bienestar se entiende como el conjunto de capacidades y realizaciones del que dispone un individuo, es decir, como las actividades, seres y haceres que el individuo tiene a su alcance. Al usar este enfoque es posible hacer una relación entre el concepto de bienestar y el concepto de calidad de vida.

Enfoque utilitarista. El enfoque utilitarista se basa principalmente en el análisis de Samuelson (1947) quien elaboró la teoría fundamental de la nueva economía del bienestar, en la cual a partir de la idea de Robbins (1932) los juicios de valor no juegan ningún papel en la teoría económica, más allá de ser meros datos para el análisis. Este enfoque del bienestar postula un cambio de métrica, de la cardinal a la ordinal y, por ende, la no comparabilidad interpersonal de la utilidad. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de un análisis social en el enfoque neoclásico, el cual está dado a partir de la construcción de una función de bienestar social.

Para Samuelson (1947), la forma de construir un análisis social del bienestar viene dado a través de la función de bienestar social (FBS) que depende de las utilidades individuales y representa una relación ordinal. A pesar de esto, el enfoque utilitarista no niega la construcción de un concepto de justicia social y es por ello que cuenta con la combinación del sistema de precios (mercado) y con los dos teoremas del bienestar para resolver los conflictos sociales al interior de una economía. Aunque esto es un marco conceptual importante para el análisis de justicia social, no es suficiente para generar políticas sociales, dado que no permite la comparación interpersonal. Muchos aspectos pueden no entrar en la medida ordinal de utilidad, pero pueden ser fundamentales para medir o para cuantificar el grado de desempeño de un individuo en una sociedad dada. Esta ausencia de comparaciones interpersonales es una de las críticas fundamentales a la economía neoclásica del bienestar y ha sido la justificación para establecer un marco conceptual que las permita (Harsanyi, 1955). En este sentido el segundo enfoque que se presenta en esta sección, el cual está basado en las capacidades permite desarrollar un marco conceptual para entender las condiciones de vida de los individuos.

Enfoque de capacidades, realizaciones y bien-estar. El concepto de bienestar en Sen es diferente al de la tradición utilitarista. El punto de partida es que el individuo es un agente inmerso en una sociedad y que la forma como él pueda desempeñarse en ella determina su bienestar más allá de seguir unos intereses egoístas. Amartya Sen muestra que la heterogeneidad de las motivaciones que conducen la vida de la persona no puede encasillarse dentro del enfoque utilitarista del bienestar. Señala que además del bienestar hay metas y, más allá de las metas, hay valores. Junto con la faceta de bienestar debemos considerar la faceta de ser agente. “Las personas tienen otras facetas además del bienestar. No todas sus actividades se dirigen a maximizar el bienestar (ni sus actividades siempre contribuyen a él), independientemente de cuán generosamente definamos el bienestar dentro de los límites de ese concepto general. Hay otras metas además del bienestar y otros valores además de las metas” (Sen 1985, p.62).

La pregunta central de Amartya Sen no es si la utilidad es la fuente de información para el bienestar de las personas, sino si es la única. La aproximación utilitarista limita la información necesaria para valorar la situación de las personas. Sólo si se acepta que las personas son egoístas en todas sus acciones, se puede justificar la idea de que su única motivación es la búsqueda del propio bienestar. Por ejemplo, la maximización de la utilidad no deja espacio para cuestionar la legitimidad de los derechos liberales. La utilidad es insuficiente para determinar la motivación y el estado en que se encuentran los individuos. Las personas tienen creencias y deberes que los comprometen frente a su comunidad. Y el obrar en consecuencia no necesariamente implica un mejoramiento del bienestar propio.

En la persona coexisten las facetas de ser agente (dentro de una sociedad) y de bienestar. Aunque están relacionadas, no son lo mismo. Quizás algunos logros como agente mejoren el bienestar, pero no necesariamente lo uno va a la par con lo otro. Al hacer hincapié en la idea de un “agente responsable”, se amplia el espectro de información del individuo.

Amartya Sen va más allá y en su obra de 1985 diferencia las realizaciones del bienestar. La noción de realización suele asociarse a expresiones como “tener una buena posición”, que incluye disfrutar de una serie de cosas materiales e inmateriales, “los bienes primarios” como los anotará Rawls en 1971, los cuales facilitarían el “tener una buena posición”. Sin embargo, “tener una buena posición” es diferente a “tener bienestar”. Entre ambas no hay una única relación causal. La distinción entre bienes primarios y realizaciones es fundamental en el momento de hacer comparaciones interpersonales. Desde una perspectiva que vaya más allá del utilitarismo, el conjunto de capacidades que una persona posea será lo que caracterizará su bien-estar.

El enfoque de capacidades y realizaciones introduce un concepto más amplio de bienestar que la simple posesión de bienes en el enfoque utilitarista. En su contexto la falta de “bien-estar” está asociada a la falta o carencia de capacidades básicas para funcionar o lograr ciertas realizaciones. Las capacidades son intrínsecamente importantes, mientras que el ingreso es sólo instrumentalmente significativo; el bajo ingreso no es la única influencia sobre la carencia de capacidades; y además el impacto del ingreso sobre las capacidades varía dependiendo de la comunidad, familia y persona… Así que “... la característica esencial del bien-estar es la capacidad para conseguir realizaciones valiosas.”

• LA NOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA URBANA

Actualmente se está desarrollando un concepto de Calidad de Vida Urbana (CVU). Aunque este concepto utiliza algunos aspectos de la teoría económica, en particular ha sido ampliamente desarrollado por análisis urbanísticos con un enfoque operacional. Este enfoque trata de aproximarse a un indicador de CVU que permita medir el nivel de satisfacción de los individuos que habitan una ciudad determinada. Esta línea está igualmente enmarcada en los documentos Hábitat (1997, 2001, 2009), donde se busca medir el desempeño de las ciudades basado en la calidad de vida de sus habitantes. La hipótesis detrás de este enfoque es que ciudades más competitivas deberían ofrecer una mayor calidad de vida, porque pueden atraer individuos con alta acumulación de capital humano. Pero a la vez también ofrece mayores oportunidades a los habitantes que residen en ellas.

El concepto de calidad de vida urbana abarca, como mínimo, el aspecto espacial, el aspecto individual y el aspecto social. En tal sentido, se observa que la Calidad de Vida, inscrita dentro de un contexto urbano, incluye elementos que superan los indicadores tradicionales de medición de pobreza y bienestar como el de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población y el Índice de Condiciones de Vida (ICV). Esto no quiere decir que no los tenga en cuenta, sino más bien que a ellos debe adicionarse dimensiones nuevas dentro de las cuales se destacan las propias de la espacialidad urbana y, en el aspecto individual, las subjetivas y de representación del ser en relación con su entorno y la posibilidad de entenderse como parte de un colectivo social. En consecuencia de lo antes dicho, la calidad de vida urbana contiene un nivel significativo de subjetividad, entendida como la posibilidad individual de considerar adecuada o no la provisión en cantidad y calidad de espacios que el conjunto urbano provea y la capacidad de actuar en ellos.

En este sentido, la Calidad de Vida Urbana va más allá del simple acceso y aprovechamiento de los bienes y servicios urbanos y utiliza un concepto más amplio de capacidades en el sentido de Amartya Sen. Es decir, para poder analizar el bienestar de los individuos en un contexto de desarrollo se debe ir más allá del problema de ingresos per cápita y tratar de analizar las dimensiones relacionadas con las posibilidades reales de inserción y participación de los individuos en las instancias, espacios e instituciones propiamente generadas por el colectivo social. De este modo, la Calidad de Vida Urbana se relaciona con el concepto de capacidades, donde la ciudad presenta una doble naturaleza: es condicionada y condicionante de los individuos que habitan en ella. Esta es la línea que se recoge en los diferentes estudios urbanos de calidad de vida. Para una reseña más amplia véase Leva (2005).

• TEMÁTICAS SOBRE CONDICIONES DE VIDA EN EL CONTEXTO URBANO

De la lectura del concepto de calidad de vida urbana se puede entender que existe una diversidad de temas que afectan las condiciones de vida de las personas que en ellas habitan. En esta sección se reseñan los principales componentes temáticos que pueden derivarse del análisis del proceso de desarrollo actual que experimentan ciudades como Bogotá y que hacen referencia a la calidad de vida, en sus aspectos constitutivos y en los medios para alcanzarla, y puede ser importante considerarlos en la temática de la EMB, en lo referente a las condiciones de vida tanto objetivas como subjetivas.

Vivienda, entorno y condiciones habitacionales. La tenencia o en su defecto la no tenencia de vivienda ha sido establecido como uno de los determinantes del bienestar de los individuos. Aunque es un problema en cualquier contexto, este adquiere ciertas características cuando se analiza en grandes ciudades. Como lo expresa Edward Glaeser (2007) el comportamiento del mercado de la vivienda es muy diferente en los grandes centros urbanos. En particular el precio de la vivienda tiene varias características: i) es volátil y cambia con la existencia de booms de la construcción; ii) no existe una correlación entre el precio histórico de la vivienda y el precio actual, lo cual aumenta la incertidumbre de dicho mercado; iii) el cambio en el precio de la vivienda tiene una dimensión local y no nacional. De este modo poder caracterizar la tenencia de vivienda y dónde viven los hogares permite dimensionar este fenómeno en ciudades como Bogotá. Lo más común es aproximarse al déficit de vivienda, la intensión de adquisición y los medios de financiación, como información relevante para la toma de políticas en términos de regulación del mercado de vivienda o la creación de subsidios. Para un análisis más completo del mercado de vivienda ver Glaeser (2007).

Sin embargo el tema de vivienda no termina en la simple posesión, es importante aproximarse a la calidad de la vivienda. Como se mencionó anteriormente, Bogotá, como muchas otras grandes metrópolis de America Latina, ha experimentado un proceso acelerado de urbanización, el cual ha ido en aumento con el proceso de globalización. Esto ha planteado un crecimiento urbano en muchos casos no planificado y, como consecuencia, ha generado problemas en la calidad de las viviendas dada la ausencia de regulación. Por consiguiente medir el déficit cualitativo de vivienda puede dar luces sobre políticas urbanas encaminadas no solo a políticas de titularización sino también de adecuación de viviendas.

Como se observó en la sección anterior, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad también puede ser afectada por el nivel dotaciones urbanas que existan y la forma como se distribuye su localización. En muchos casos el desplazamiento al lugar de trabajo y de estudio estará determinado por las opciones de transporte (Leva, 2005).

Salud, educación y cuidado de los niños. Una pregunta interesante que se puede plantear es cómo la concentración urbana puede cambiar el enfoque en las dimensiones de la salud, educación y cuidado de los niños, estudiados en los conceptos de bien-estar. La respuesta natural a este aspecto es el hecho de que las ciudades definen el tiempo de desplazamiento y la calidad del aire como determinantes del estado de salud.

La educación es un elemento constitutivo de la calidad de vida. Tiene además una característica importante en tanto expresión de la formación de capital humano; existe una condición particular del capital humano, en el sentido que este es inherente a la persona y por ende se desplaza con ella. A mayor educación mayor capital humano, en este sentido incrementar el capital humano de una ciudad, dentro del enfoque espacial, hace que las ciudades sean más competitivas (Glaeser y Redlick, 2009). De este modo la pérdida de capital humano, migración de capital humano (brain drain) son temas cruciales en un enfoque de ciudad inmersa en un mundo globalizado. Las empresas buscan empleados capacitados y una alta concentración de capital humano hace dicha búsqueda menos costosa, incrementando la competitividad de las ciudades.

Capital social. El enfoque de economía de la ciudad ha debatido ampliamente si los gobiernos locales deberían invertir en las personas o los lugares. Los economistas sugieren que las políticas basadas en las personas, como subsidios educativos o subsidios de vivienda a personas de bajos ingresos, son superiores a políticas dirigidas a las comunidades o zonas al interior de las ciudades. La dificultad del último tipo de políticas es que no parecen estar focalizadas en los más pobres. Sin embargo, en años recientes ha adquirido particular importancia el capital social como fuente de generación de riqueza. En particular, el grado de asociación de las personas a fuentes primarias de participación y relaciones sociales con otros miembros de la comunidad o del barrio al cual pertenecen, son considerados como mecanismos para efectuar transacciones y actividades económicas que suplantan aquellas que podrían ser naturalmente establecidas por el mercado o en muchos casos por el estado. De este modo estudiar el grado de asociación y aproximarse a una medida de capital social es un tema de suma importancia para Bogotá, en particular para sectores o localidades donde existe un grado de marginalización de las personas sobre las actividades económicas.

Dentro de este proceso es necesario contemplar el papel de la globalización y el dinamismo urbano, el cual, genera acciones por parte de gobiernos con el fin de contrarrestar los diferentes problemas que afronta la sociedad.

• APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE CAPACIDAD DE PAGO

La capacidad de pago es destacada en el modelo conceptual que orienta el diseño de la EMB, en tanto informa sobre las posibilidades de los individuos y los hogares de obtener en el mercado, los bienes y servicios que les son necesarios para alcanzar un nivel determinado de calidad de vida.

El pensamiento económico clásico, desde el siglo XVI, abordó el tema de la capacidad de pago como criterio para justificar la tributación proporcional al ingreso en el financiamiento de los ingresos públicos (Smith, Ricardo, James Mill; SPD, CID, 2008). El llamado "principio de la capacidad de pago”, asociado con la teoría fiscal clásica, buscaba establecer un criterio justo para definir la participación de los individuos en el pago de impuestos.

Desde el punto de vista del alcance que se otorga a la noción se distinguen tres enfoques en el análisis la capacidad de pago (SPD, CID, 2008):

· El primero se ocupa únicamente de la distribución de los impuestos desde un punto de vista de la equidad, dejando de lado toda consideración sobre el gasto público y los costos de los bienes públicos.

· El segundo se orienta desde el principio del bienestar, buscando minimizar el costo de los contribuyentes, pero sigue sin tomar en cuenta el lado del gasto público.

· El tercero contempla ambos lados del presupuesto (ingresos y gasto), buscando maximizar el bienestar neto de los contribuyentes. Como sostiene Musgrave (1967): “la idea de capacidad de pago, además, apunta a través de la imposición progresiva para la financiación de los servicios públicos, hacia el problema, más general, de la redistribución de la renta”.

La economía política clásica sigue predominantemente el primer enfoque y el indicador objetivo de la capacidad de pago es el ingreso monetario de los individuos. Con la revolución marginalista el criterio objetivo fue desplazado por un indicador subjetivo-utilitarista. Se introduce la búsqueda del bienestar bajo una lógica de acción racional de los individuos, que son considerados en los otros dos enfoques. Posteriormente surgieron otras orientaciones teóricas que también se ubican igualmente en la segunda y tercera de las posiciones enunciadas.

Se reseñan en lo que sigue tres corrientes teóricas sobre el concepto de capacidad de pago, posteriores al pensamiento clásico:

· Neoclásica: teoría axiomática del consumidor.

· Teoría postkeynesiana del consumidor.

· El enfoque de capacidades.

• ENFOQUE NEOCLÁSICO

Bajo esta orientación, la capacidad de pago (CP) se conceptualiza en el marco de la teoría neoclásica del consumidor y se analiza en una doble perspectiva (DAPD, CID 2004, SDP, CID 2008):

· Como poder de compra (PC) que le permita a los consumidores alcanzar un cierto nivel de bienestar. La CP se puede interpretar como el poder de compra que tiene un consumidor, en términos de bienes y cantidades de ellos, que el consumidor puede comprar con sus recursos, dados los precios de esos bienes.

· Como disponibilidad a pagar (DP) por algún bien o servicio.

A estas dos perspectivas corresponden formas particulares de medir la CP. En la primera es captada a partir de la mayor o menor posibilidad de consumir bienes y servicios para alcanzar un nivel dado de bienestar. La segunda aproximación la mide a través de lo que está dispuesto a pagar un consumidor para alcanzar un nivel dado de bienestar.

Bajo el supuesto de que el consumidor tiene una función objetivo, la función de utilidad que se maximiza, sujeta a una restricción presupuestal (recursos del individuo y precios de los bienes y servicios), la CP en la primera perspectiva es la utilidad que se consigue a través de los bienes consumidos de acuerdo con elecciones racionales del consumidor.

Para determinar la canasta de bienes que maximice la utilidad, se utilizan funciones que muestran la cantidad óptima de cada uno de los bienes en función de los precios y los ingresos (sistema marshalliano de funciones de demanda). Estas funciones contienen los elementos constitutivos básicos de la capacidad de pago. Si el ingreso aumenta (baja) y los precios no cambian, la capacidad de pago aumenta (disminuye). Si los precios suben (bajan) y si el ingreso permanece constante, la capacidad de pago disminuye (aumenta). La capacidad de pago está representada por la canasta óptima que el consumidor puede comprar con su ingreso a los precios actuales. Y se expresa en el ingreso real, o en el gasto corriente (CID, 2008, Muñoz, Ramírez y Rivas, 1998). Por esta vía, se hacen análisis agregados de la capacidad de pago o por fracciones de los hogares diferenciados por criterios como deciles de ingreso o estratos.

Este enfoque es el denominado primal y se contrapone con el dual, que se aplica a través del sistema de funciones hicksianas de demanda:”…El problema así propuesto (en el sistema marshalliano de funciones de demanda) se conoce como el primal, pero a veces es muy útil trabajar con el llamado dual, que se plantea como la minimización del gasto sujeto a que se alcance un nivel dado de utilidad (bienestar). Para la solución de este problema, en el enfoque dual, se recurre al sistema hicksiano de funciones de demanda, funciones que dependen de los precios y el nivel de utilidad. Se obtiene a través de la función de gastos del consumidor, definida como el gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel dado de utilidad, dado un nivel de precios.” (SDP, CID, 2008)

Dentro del enfoque neoclásico, las elasticidades precio e ingreso de la demanda proporcionan una información valiosa sobre la manera como los hogares recomponen su consumo dependiendo de las modificaciones de los precios relativos y del ingreso del hogar. La elasticidad ingreso mide el cambio en la demanda del bien cuando el ingreso se modifica, y la elasticidad precio el cambio en la demanda del bien cuando los precios se modifican. Las sustituciones y complementariedades entre los bienes tienen una incidencia directa en el bienestar de las personas. Por ejemplo, en estudio realizado por el CID se encuentra que las familias prefieren pagar los servicios públicos, así tengan que reducir los gastos en alimentos, educación y salud (DAPD, CID, 2004).

• LA CAPACIDAD DE PAGO EN LA TEORÍA POSTKEYNESIANA DEL CONSUMIDOR

Los desarrollos conceptuales postkeynesianos están dirigidos a construir una estructura analítica alternativa que, conservando algunos de los postulados básicos de la teoría neoclásica de las decisiones de consumo (individualismo metodológico, racionalización en las decisiones, destacando que están sujetas a convenciones sociales o procedimientos de decisión que simplifican sus cálculos) e introduciendo nuevos principios que cuestionan sus bases hedonistas y algunos de sus supuestos, permiten dar un tratamiento a la hipótesis de la existencia de un ordenamiento jerárquico de las decisiones de los consumidores (CID, 2008, Lavoie, 1992, 1994 y 2005). Bajo este enfoque se cuestiona la visión neoclásica del consumidor plenamente informado que busca maximizar su bienestar, de acuerdo con sus propias preferencias y se propone una teoría alternativa (SDP, CID, 2008, Drakopoulos, 1992, Lavoie, 1992, 1994, 2005).

En lo que respecta a la capacidad de pago esta escuela considera que las necesidades se subordinan unas a otras (principio de subordinación) y los hogares ordenan sus necesidades jerárquicamente de las más básicas a las más altas. Por ello, debajo del ingreso requerido para satisfacer las necesidades básicas (línea de pobreza) no hay libertad de elección en el consumo y sólo existe capacidad de pago a partir del punto en que el hogar sobrepase el ingreso mínimo que le garantiza cubrir sus necesidades básicas. “En este sentido se podría decir que los hogares pobres carecen de capacidad de pago, es decir, que su ingreso se gasta en cubrir sus necesidades básicas y, por tanto, deben recibir subsidios o transferencias con el fin de liberar recursos en el sentido que su ingreso supere el umbral del ingreso marcado por la línea de pobreza.” (CID, 2008)

• NOCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO EN EL ENFOQUE DE SEN

La capacidad de pago no informa directamente sobre la utilidad como plantea la escuela neoclásica. Tampoco sobre la felicidad. Y mucho menos sobre la libertad y las capacidades de agencia del individuo. El consumo de bienes y la disponibilidad de riqueza no se reflejan directamente en una mayor utilidad y no puede suponerse que el consumo de bienes se transforme, sin más en utilidad. Esta crítica lleva a cuestionar el utilitarismo de la escuela neoclásica (DAPD, CID, 2004, Sen, 1985 y 1993).

La capacidad de pago debe tener en cuenta la extensión de la canasta de bienes y su calidad, y referirse al conjunto de alternativas de canastas de bienes potencialmente elegibles con el ingreso de que se dispone (vs. preferencias reveladas que muestran la relación entre el conjunto de bienes elegido y la capacidad de pago). Esto lleva a resaltar el papel de las libertades positivas (DAPD, CID, 2004, Sen, 1981, 1986 y 1987).

El análisis de la CP a través de las funciones de demanda supone que el sistema de precios relativos no cambia (homogeneidad de grado cero, supuesto en las funciones de demanda). En la realidad este postulado no se cumple. El análisis de la capacidad de pago debe permitir captar los cambios que tienen lugar en la estructura de consumo de los hogares cuando se modifican los precios o el ingreso.

De igual forma, la noción de capacidad de pago en el enfoque neoclásico no toma en cuenta la forma como se obtienen los ingresos. Y deja al individuo en una actitud pasiva ante la forma como se fijan los precios. Esto lleva a proponer dos formas de entender la CP. En sentido estrecho, en tanto establece los bienes que pueden ser adquiridos con una determinada combinación de precios e ingreso. Y, en sentido amplio, tomando en cuenta los factores que inciden en el comportamiento de los precios y del ingreso. Uno de esos factores son las titularidades (derechos sobre activos y acceso a bienes y servicios; Sen 1981, 1986 y 1987). Otros, son los activos de los hogares y el efecto de la inflación sobre los ingresos y, a través suyo, sobre el desempleo.

• Variables de estudio en torno a la capacidad de pago: servicios públicos, ingresos y gastos

Servicios públicos. Dentro de las problemáticas urbanas identificadas se destaca la relativa a la de la capacidad de pago de los hogares ante los cambios implantados a nivel internacional en la forma de prestación de los servicios básicos de las ciudades, que dejaron de ser provistos por el Estado (HABITAT; 2001).

Desde los años ochenta del siglo pasado comienza a desarrollarse, dentro del contexto de la “globalización”, un esquema de operación centrado en la inversión extranjera directa en el sector de servicios y en el libre comercio. Las grandes dificultades financieras, producto de la crisis de la deuda externa y el déficit fiscal de los Estados, obligaron a replantear la situación empresarial de la prestación de los servicios públicos. Esto junto con la nueva situación internacional de la globalización trajo una nueva presión hacia la privatización, en gran medida esta vez hacia la inversión extranjera directa en el sector (Hernández, 2003).

Desde comienzos de la década de 1990, el esquema institucional de prestación de los servicios públicos domiciliarios reformula el rol del Estado hacia la planeación y la regulación, con una clara tendencia a dejar de nuevo en manos privadas la prestación de los servicios. La intensificación de acuerdos comerciales internacionales allana el camino a la presencia de empresas transnacionales en los servicios públicos. Este proceso se advirtió como la conveniencia de la privatización en el sector por razones de eficiencia económica. De acuerdo con este planteamiento, el Estado debe regular y controlar pero no producir directamente, dado que compite deslealmente con los privados puesto que tiene acceso a crédito preferencial con garantía de la Nación y puede ser permisivo consigo mismo a través de su control parcial sobre los organismos de control y vigilancia (Hernández, 2003, SDP, CID, 2008).

La reforma implantada se asocia también con las presiones que soportan los gobiernos nacionales y territoriales para reducir sus altos déficit fiscales, lo que hace políticamente imposible continuar financiando los elevados saldos en rojo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (Hernández, 2003).

Según documento del CID (2006) los cambios implantados en la forma como se prestan y definen las tarifas de servicios domiciliarios que es común a los fenómenos mundiales de urbanización, ha tenido como resultado que han primado los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera sobre la equidad en la fijación de las tarifas y se ha afectado la capacidad de pago de los hogares:

”A la hora de la verdad no se ha tenido en cuenta la capacidad de pago de los hogares y han primado los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera sobre la equidad. Se ha preferido al productor sobre el consumidor. Esta situación se explica por razones diversas. Primero, porque la equidad ha sido concebida, simplemente, como la transferencia de recursos de los estratos altos a los bajos, sin examinar el impacto que tiene el monto de la tarifa en la estructura de consumo de los hogares. Segundo, porque el control y la regulación estatal han sido débiles. Tercero, porque los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) no han operado de manera adecuada, y ello ha acentuado las tendencias hacia la inequidad. Cuarto, porque hay un desfase entre estratificación y nivel de ingresos. La estratificación no está reflejando bien la capacidad de pago de los hogares.” (DAPD, CID, 2006)

Los análisis del CID (2006) tratan la forma como se han fijado las tarifas de los servicios, la desigualdad en el uso de estos servicios, la distribución de subsidios y aportes y su efecto en la distribución de los ingresos, la adecuación de la estratificación socioeconómica para la asignación de subsidios y las elasticidades precio y gasto por tipo de bien de la estructura de gasto de los hogares.

Las conclusiones del estudio son las siguientes (DAPD, CID, 2006):

1. La estructura tarifaria de los SPD no tiene en cuenta la capacidad de pago de los hogares. A pesar de que todas las disposiciones legales ponen de presente, de manera explícita, la importancia de tener en cuenta la capacidad de pago, en la práctica ha predominado el criterio de rentabilidad financiera de las empresas.

2. Las tarifas son inequitativas porque los pobres pagan, como porcentaje del ingreso, un valor mayor que los ricos. Y no hay indicios claros de que esta situación se vaya a modificar en el corto plazo.

3. Los dineros que los pobres destinan al pago de los servicios públicos reduce el ingreso disponible para la adquisición de bienes básicos como alimentos, drogas, vestido, etc.

4. La estratificación no refleja de manera adecuada la capacidad de pago de los hogares, y es un instrumento muy imperfecto de focalización.

5. El uso de los servicios públicos también es profundamente inequitativo.

6. Las tarifas son excesivamente complejas, y pretenden ocultar los aspectos normativos y políticos que finalmente son inevitables en la fijación de cualquier tarifa.

7. La política tarifaria debe revisarse de manera sustantiva, de tal forma que logre una mejor convergencia entre la capacidad de pago y la estabilidad financiera de las empresas. Si las tarifas son altas, las empresas están mejor y los hogares peor. Y si las tarifas son bajas, las empresas están peor, y los hogares mejor. Desde el punto de vista de la política distrital esta tensión es crucial. El margen financiero óptimo de las empresas no puede examinarse por fuera de los impactos que tiene la política tarifaria en el ingreso disponible de los hogares.”

El trabajo de ECONOMETRIA (Ramírez, 2007), elaborado para la MERPD, llega a conclusiones similares al CID en cuanto al comportamiento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios en relación con los ingresos de los hogares con más bajos ingresos, pero refiriéndose no solo a Bogotá sino al conjunto del país:

“En la medida en que la reforma del sector de los servicios públicos llevó a buscar la aproximación a unas tarifas asociadas con los costos de eficiencia, para garantizar la sostenibilidad de la oferta, partiendo de tarifas históricas artificialmente bajas y subsidiadas en un porcentaje mucho mayor que el definido por la Ley 142 de 1992, el resultado ha sido que las tarifas reales han crecido, para los hogares de menores ingresos, a ritmos muy superiores a los que ha crecido el ingreso familiar. Fedesarrollo al comparar la Encuesta de Calidad de Vida de 1997 y 2003, teniendo en cuenta los elementos de ingreso que son comparables entre las dos encuestas, encuentra que el porcentaje de gasto en servicios públicos como proporción del ingreso ha crecido en todos los quintiles de ingreso. El incremento real mostrado por el gasto en servicios públicos de acuerdo con Fedesarrollo es de 126% para el primer quintil y de 76% para el quintil más alto” (p. 11).

El estudio examina igualmente la adecuación de la estratificación socioeconómica para la distribución de los subsidios que afectan las tarifas de servicios públicos domiciliarios. La conclusión a que se llega, para las zonas urbanas es también concordante con la del estudio del CID:

“…aunque existe un condicionamiento entre el comportamiento del ingreso y la probabilidad de pertenecer a los diferentes estratos, no es suficiente para poder afirmar que los estratos permitan discriminar adecuadamente los hogares de menores y mayores ingresos. Por lo tanto, la clasificación por estrato resulta ineficaz para identificar a la población más pobre, pues las probabilidades de pertenecer a estratos medios es alta aun a niveles muy bajos de ingreso.” (p. 41)
El trabajo de Francisco Lasso (2006) analiza la cobertura de servicios sociales y los servicios públicos domiciliarios, el grado de focalización de los subsidios cruzados a la demanda de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y energía eléctrica y el efecto redistributivo que tienen sobre la distribución del ingreso de los hogares, utilizando la información de la Encuesta de Calidad de Vida del 2003 y algunas encuestas anteriores (DANE). En lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios el estudio concluye lo siguiente:

“Los servicios públicos domiciliarios elevaron sus coberturas (lo que es un logro) pero los subsidios disminuyeron (un costo del logro anterior) por la supresión de los rezagos tarifarios. Esta política afectó a la población más pobre, que recibe el subsidio, aunque la estratificación de los servicios públicos domiciliarios no tiene una correlación alta respecto a la distribución del ingreso.

· En agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica, el acceso ha evolucionado de manera favorable para la población residente en la zona rural y la población del quintil más pobre.

· En gas natural, los incrementos son mayores a medida que el nivel de ingreso es mayor y son mayores en las cabeceras municipales respecto a la zona rural.

· En telefonía fija, los incrementos en cobertura son mayores en el periodo 1993-1997 respecto a 1997-2003, producto de la aparición en el mercado de nuevos oferentes, tanto en telefonía fija como móvil; inclusive, en el quintil de la población más rica la cobertura disminuyó en el último periodo (…)” (p. 54)

“La focalización de los subsidios cruzados a la demanda creados por la Ley 142 de 1994, para la energía eléctrica tuvo un comportamiento desigual, entre 1993 y 1997 pasó de una situación de regresividad a una de progresividad; luego, entre 1997 y 2003, la progresividad disminuyó un poco, tal vez por la política de eliminación de rezagos tarifarios de la segunda mitad de la década anterior y la imperfección del sistema de asignación por estratos sociales. El servicio de agua potable, por su parte, ha mejorado sistemáticamente su distribución de subsidios respecto al ingreso primario, cambió de regresivo en 1993 a progresivo en 1997, y para 2003 siguió mejorando su progresividad.” (p. 57)

El análisis comprueba que, a pesar de la progresividad de los subsidios en servicios públicos domiciliarios (p. 56), su efecto absoluto sobre el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso es de tan sólo -0,004 (p. 34). Según el estudio del CID (2006) para Bogotá el coeficiente de Gini de los ingresos después de subsidios y contribuciones de servicios públicos domiciliarios, disminuye 1.1% respecto al coeficiente antes de subsidios y contribuciones, pasando de 0.5525 a 0.5464.

Ingresos. Siguiendo las definiciones del Sistema de Cuentas Nacionales, el ingreso corriente disponible, que corresponde a lo que se destina al gasto en consumo y al ahorro, comprende la sumatoria de los ingresos primarios (remuneración de los asalariados, renta empresarial y renta de la propiedad) más los secundarios (provenientes de transferencias corrientes), menos gastos como impuestos, contribuciones a la seguridad social, donaciones y transferencias a otros hogares, al gobierno o a instituciones sin fines de lucro. El ingreso disponible ajustado comprende tanto los ingresos en dinero como en especie (Camelo, 2001, Carvajal, 2001).

En las encuestas de hogares (incluidas las de ingresos y gastos) se utilizan conceptos de ingreso que no corresponde exactamente con estas definiciones. Generalmente no se descuentan trasferencias en dinero hechas por los hogares (impuestos, por ejemplo), con lo cual se deja de lado el sentido del ingreso disponible. Una definición típica de lo considerado comúnmente en las encuestas por ingreso corriente es la siguiente:”El ingreso corriente se define como el conjunto de percepciones en dinero o especie que recibe el hogar en el período de referencia de la encuesta. El concepto incluye la remuneración a los factores productivos de propiedad del hogar o de alguno de sus miembros, tanto internos como provenientes del exterior, así como las transferencias corrientes netas percibidas. El resto del ingreso del hogar proveniente de otras fuentes como indemnizaciones cobradas por seguros, herencias o premios de lotería, quedan comprendidos dentro del ingreso no corriente del mismo.” (INE, Uruguay, s.f.).

El ingreso corriente así entendido, comprende generalmente en las encuestas (INE Uruguay, s.f., Carvajal, 2001):

· Los ingresos provenientes del trabajo asalariado o independiente (netos, sin depreciación de activos).

· Los ingresos provenientes de la propiedad de activos reales y financieros, incluyendo el alquiler imputado de las viviendas ocupadas por sus propietarios.

· Las trasferencias en dinero o especie recibidas de otros hogares o de instituciones públicas y privadas, que les son entregadas sin contrapartida.

· Otros ingresos no monetarios, valorados a precios de mercado.

En las encuestas de hogares no se toman en cuenta, en el común de los casos, las partidas relacionadas con las variaciones patrimoniales netas (compra o venta de inmuebles al contado, depreciación etc.), lo que lleva a adoptar un concepto de ingreso bruto.

Además, bajo esta perspectiva los ingresos son considerados en términos corrientes (CEPAL, 1991, p. 37, Feres, 1997, Carvajal, 2001), lo que trae implicaciones relativizantes para considerar el ingreso disponible como expresión de la capacidad de pago. Este ingreso considera el total de ingresos percibidos en un período por los hogares en términos brutos, sin incluir el balance entre los flujos de ingresos y los stocks desde el lado de la riqueza o los activos. Hay, sin embargo, una interdependencia entre activos e ingresos. Según la definición de Hicks (1939) de ingresos, sería preciso, para obtener una medida adecuada del mismo, controlar lo que sucede con los bienes que constituyen los activos, aquello que permite que la persona se encuentre al final del período al mismo nivel que se encontraba al comienzo del mismo. Las dificultades para medir el ingreso bajo esta perspectiva han llevado a que por restricciones prácticas se use un concepto de ingreso disponible bruto, lo que ha llevado en el debate teórico económico a cuestionar su uso como expresión adecuada del bienestar (Desai, 1992, p. 329) .

Para la EMB es conveniente que se adopten criterios para captar los ingresos corrientes similares a los de la encuesta de ingresos y gastos, de calidad de vida del DANE, y capacidad de pago (2004), que corresponden con la descripción anterior, dejando, en lo posible, otras opciones de obtener un acercamiento al análisis del ingreso como el ingreso disponible (descontando impuestos) o el ingreso monetario.

Para poder estimar los ingresos provenientes de trasferencias públicas a través de la prestación de servicios sociales (subsidios no monetarios) o subsidios monetarios, se hace necesario que la EMB indague sobre la participación de los miembros del hogar en esos programas.

Gastos de los hogares. Siguiendo recomendaciones internacionales y la práctica de las encuestas del DANE sobre ingresos y gastos y de calidad de vida, la EMB debería tomar como definición de referencia el gasto corriente total de los hogares que comprende gasto de consumo final de los hogares más su gasto “de no consumo”. El primero comprende el gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo y el segundo los impuestos sobre el ingreso y la riqueza, las contribuciones sociales, primas de seguro y transferencias en efectivo a personas ajenas al hogar e intereses pagados (Camelo, 2001). Operativamente es preciso que se adopten conceptos que se aproximen a esta definición.