Los riesgos laborales desde fines del siglo XIX es una preocupación mundial en el nivel conceptual y la búsqueda de medidas para reducirlos. Nuestro país no escapa de esta inquietud y desde los organismos responsables con la asesoría de la OIT han emitido un sinnúmero de normas jurídicas con resultados poco halagadores en la reducción de los lesionados. Ese es el antecedente de la hipótesis de la presente investigación: “Si los costos y consecuencias provocados por los accidentes laborales tienen efectos graves a la clase laboral, empresarial y Estado; aquello justifica reformas en la política Laboral y la Seguridad Social”. En el desarrollo del trabajo se identifica la ausencia de cultura de seguridad en el ámbito laboral y una legislación obsoleta con respecto a los cambios vertiginosos de la actividad productiva y sin información amplia y suficiente sobre los accidentes laborales. También se observa que la población amparada en la seguridad social es inferior a la población ocupada, con bajos niveles de protección, la misma que será mayor con el aumento de los asegurados producto de la vigencia de las severas sanciones económicas y penales que constan en el COIP y el cambio en la matriz productiva. Por otro lado, se observa que los accidentes no solo afecta al accidentado y su familia en el presente y futuro, sino que además se extiende a las empresas en la pérdida de su productividad y competitividad; y la sociedad toda, por la mayor inversión en el gasto público. Por último, se analiza que los cambios recientes de las autoridades competentes se asientan en las mismas estructuras y recursos institucionales que fueron aplicadas en el pasado. Con estas conclusiones, se plantean recomendaciones orientadas a sembrar una cultura de seguridad, incluida a la ciudadanía; implementar mecanismos para un control eficaz y oportuno a las empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección al trabajador; estimular y sancionar a las organizaciones que no contribuyen con el Buen Vivir.