La metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la modernidad occidental ha
sido el contrato social, entendida como expresión de un mecanismo que busca organizar
e integrar al conjunto social bajo un mismo compendio de normas aceptadas
voluntariamente, que faciliten la supervivencia humana y el desarrollo de las relaciones
interhumanas.1
El contrato social depende de la legitimidad que se pueda establecer mediante la
separación de quienes son incluidos y de quienes son excluidos bajo el concepto de
ciudadanía. Bajo este concepto se juegan una serie de antinomias entre los ideales
democráticos de igualdad y libertad y autonomía individual y justicia social.2
En los últimos años las sociedades modernas han sido testigo del debilitamiento
del modelo contractualista que se ha expresado en la emergencia de una lógica
individualizada que restringe la intervención del Estado y que promueve la generación de
contratos civiles, en un juego de competencia, que ha producido el debilitamiento del
clásico modelo moderno, así como la generación de nuevas exclusiones.