El objetivo de este artículo es presentar una aproximación a la naturaleza de los derechos
colectivos y sus mecanismos de protección jurisdiccional (las acciones populares), bajo la óptica
del Análisis Económico del Derecho. Se resalta inicialmente la utilidad e importancia de
considerar las reglas legales como incentivos individuales para resolver fenómenos complejos
como la coordinación y cooperación colectiva en la provisión de bienes públicos; en este
contexto y luego de efectuar un análisis jurídico de los derechos colectivos en el marco del
ordenamiento nacional, el artículo propone una relectura de éstos derechos pero desde la
perspectiva del AED; al respecto, se argumenta que los derechos colectivos pueden ser
asimilados consistentemente con el concepto económico de bienes públicos, supuesto a lo cual
se asocia el desarrollo de un sistema de incentivos económicos selectivos –como lo denomina
Olson (1992)– que garantice la solución de los problemas propios de la acción colectiva por
medio de la cual se estimule la producción de estos tipos bienes. Con todos los elementos
señalados, y teniendo en cuenta la eliminación de los incentivos económicos en las acciones
populares a partir de la Ley 1425 de 2010, el artículo demuestra que dicho cambio normativo
propicia un escenario de desprotección de los derechos colectivos, que económicamente puede
representar un costo incluso mayor que el problema que supuestamente se buscaba corregir. En
razón a lo anterior, el artículo finaliza planteando un modelo teórico preliminar que puede señalar
algunas alternativas regulatorias para tratar de abrir el debate en torno a la corrección de los
problemas de desprotección señalados y cumpliendo con tres restricciones a saber: evitar que se
afecte el erario; no propiciar la congestión judicial; y alcanzar un superior de Pareto que lleve a la
protección de los derechos colectivos.