En la transición de un sistema de justicia penal inquisitivo a uno de corte acusatorio en México, prevalece la potestad punitiva del Estado como política criminal, limitándose su intervención al endurecimiento de penas, generación de nuevos delitos, cárceles y facultades restringibles de derechos para los gobernados. El objetivo de esta investigación, es centrado en la dificultad del cambio de cultura jurídica y tratamiento de políticas criminales, evidenciándose que gran parte de la responsabilidad de la prevención del delito es descargado en los aparatos represores y operadores de fuerza del Estado, carentes de capacitación operacional y científica, relegando así las políticas de prevención social. evitando un equilibrio entre el Estado como protector de las necesidades sociales y un sistema de justicia reglamentado bajo los principios protectores a los derechos humanos, presunción de inocencia y el debido proceso, permitiendo un derecho penal acusatorio de última de ratio.